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Los Yayoflautas de Málaga siguen luchando por las pensiones
Malaka.es. 19.11.13 
Este colectivo de personas mayores viene apoyando las movilizaciones ciudadanas por los derechos y conquistas sociales como la Escuela y la  Sanidad Públicas, la Vivienda o la Ley de Dependencia, y  luchando contra las políticas antisociales que el Gobierno del Partido Popular está llevando a cabo.
Por otra parte, como personas jubiladas, hemos emprendido una lucha en particular contra la Reforma de las Pensiones, que bajo el señuelo de la sostenibilidad nos quiere imponer este Gobierno, sin contar en absoluto con nosotros.
Estamos convencidos, nadie los niega, de que esta reforma de las pensiones tiene como objetivo bajarlas. La pérdida de su poder adquisitivo es evidente. Nuestras pensiones, junto al déficit fiscal, o sea, los recortes sociales, se han convertido en monedas de cambio para el rescate de la banca. Europa lo ha dicho claro “del esfuerzo fiscal y la reforma de las pensiones depende la suspensión del préstamo” concedido para rescatar el sistema financiero español.

Nuestra lucha, a raíz de la convocatoria, de la “Comisión de Expertos para el estudio de la reforma de las pensiones”  por parte del Gobierno, ha consistido, por una parte, en sacar el problema a la calle para que todos seamos conscientes del peligro que se cierne sobre los diez millones de pensionistas actuales, y sobre los futuros pensionistas en nuestro país, y, por otra, recurrir ante los tribunales  por la vulneración de nuestro derecho a una pensión digna a la que hemos contribuido en nuestra vida laboral.

En concreto, con fecha de 13 de junio acudimos al Fiscal General, Señor Torres-Dulce, denunciamos la política antisocial del Gobierno y solicitamos la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, y que abriera, en su caso, una investigación sobre la quiebra del derecho de todos los pensionistas españoles a recibir una pensión adecuada  y periódicamente actualizada, como ordena le art. 50 de nuestra Constitución.

La respuesta de la Fiscalía General, cuya copia adjuntamos, se hizo esperar. Porque, para indignación de nuestro colectivo, llegó tres meses más tarde, el 12 de noviembre, y su contenido no puede ser más frustrante. La Fiscalía se declara no competente para interponer dicho recurso, archiva el expediente abierto a raíz de nuestro escrito y declara no poder llevar a cabo ninguna gestión. Para mayor desvergüenza nos remite a la Policía, a los Juzgados de Instrucción y a la propia Fiscalía para denunciar delitos o faltas.

Denunciamos públicamente que un órgano judicial, como es la Fiscalía que pagamos todos los ciudadanos, debería velar por el cumplimiento de la Constitución y “tomar parte en la en la defensa de la legalidad e interés público y social” e “interponer el recurso de amparo constitucional en defensa de la legalidad”, como textualmente establece su Estatuto, art.3.6 y 11. Nos preguntamos si está la Fiscalía al servicio de los ciudadanos y del interés general como se desprende de las funciones que las leyes le atribuyen, o más bien, está al servicio del Gobierno y de intereses particulares.

¡Y se nos pide que creamos en la justicia!

La Fiscalía debería haber abierto expediente y solicitado toda la información necesaria para instar a quien corresponda a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad o de amparo, si es que ella se declara no legitimada para hacerlo.

Ante esta situación, nuestro siguiente paso, además de denunciar a la Fiscalía General en todos los foros y medios de comunicación a los que tengamos acceso, será la de elevar una queja al Defensor del Pueblo para que, de acuerdo con los art. 13 y 16 de la Ley Orgánica  del Defensor del pueblo y del art.162.1 de la Constitución, interponga recurso de inconstitucionalidad o de amparo, en su caso, ante el Tribunal Constitucional porque estamos convencidos que tenemos “un interés legítimo” recogido en el art. 50 de la Constitución cuando “garantiza mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad”.

En Málaga, a 19 de Noviembre de 2013 
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