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Vecinos de Palma-Palmilla claman contra las exigencias racistas de la Ministra Tejerina en el reparto de ayuda alimentaria
Oficina Precaria. 25.02.15 
Adjuntamos aquí la circular del Ministerio de Agricultura donde pueden comprobar todo lo denunciado.
200 vecinos de La Palma Palmilla han protestado ante los Servicios sociales del barrio contra las nuevas exigencias del Ministerio de Agricultura en el reparto de la ayuda alimentaria de emergencia.
Bajo el lema “ Más papeo y menos papeleo” los vecinos han denunciado la exigencia de clasificar a las familias que soliciten las ayudas por su raza, en particular si pertenecen a un colectivo gitano. Esta exigencia no sólo es racista, además es ilegal y los vecinos afectados por el racismo de la Ministra Isabel García Tejerina, les denunciarán en los tribunales en el caso de que no depongan su actitud xenofoba.
Asimismo las asociaciones que reparten la comida entre los vecinos necesitados clamaron contra la exigencia de un informe de exclusión social de cada una de las familias afectadas. La solicitud de este certificado por parte de las 6.000 familias afectadas, podría suponer la apertura de un procedimiento de desamparo de menores, motivo por el cual las familias son muy reacias a solicitar dicha documentación, para una ayuda alimentaria cuyos requisitos eran no recibir ninguna ayuda ni renta de las Administraciones Públicas y el certificado de empadronamiento para certificar el número de personas integrantes de la unidad familiar.

Estamos de acuerdo en luchar contra el fraude, puesto que perjudica al más débil, pero no haciendo pagar a hambrientos por pecadores. Existen maneras de erradicar el fraude, sin perjudicar a las familias necesitadas de ayuda.

El auténtico motivo es reducir la ayuda alimentaria, que antes dependía de la Unión Europea y ahora se nutre del Presupuesto del Ministerio de Agricultura. Se trata de un nuevo recorte, esta vez donde más duele: Habrán miles de familias que se queden sin ayuda alimentaria y pasarán hambre.

Por último, se impone una obligación a las Asociaciones de sacar a las familias de su estado de exclusión social sin dotar económicamente a esta obligación. Resulta imposible a las asociaciones vecinales, a las que se quiere perjudicar, sacar a las 6,000 familias que asisten de la pobreza. Esta es una obligación de las Administraciones Públicas que, una vez más, hacen dejación de sus funciones y hacen pagar a los más débiles la factura de sus crisis.

Los vecinos seguirán protestando en la sede de los Servicios Sociales todos los miércoles a las 10:30 hasta que no se ponga remedio a esta situación.
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