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Manifiesto del personal técnico en integración social, personal laboral de la Junta de Andalucía
(Antiguos monitores y monitoras de Educación Especial)

EDUCACIÓN. 21.06.15 
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (antes del Decreto-Ley 13/2014 de 21 de Octubres se denominaba Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos - ISE) está externalizando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales. Desde el año 2006 el número de contrataciones que se hacen a través de la empresa privada va en aumento llegando en la actualidad a atender casi 800 centros públicos.
Existe una necesidad de atención que tendría que ser prestada por la Administración que si bien en sus presupuestos para el año 2015 tiene recogida la no creación de empleo también contempla la sí creación en casos como este que nos atañe. La contratación externa de cerca de 1000 puestos de trabajo es un dato más que suficiente para justificar la conveniencia de la ampliación de los medios profesionales para hacer frente a unas necesidades permanentes de personal y así cumplir con las competencias que tiene atribuidas la Consejería de Educación.
La Junta de Andalucía tiene en sus presupuestos prohibida la creación de empleo público mientras que a su vez contempla cantidades importantes para la contratación con empresas privadas ¿Si existe el dinero por qué no prestar el servicio directamente desde la propia Consejería y con su propio personal? No es más barato hacerlo con empresas, pues estas se lucran con las plusvalías que sacan de sus trabajadores y trabajadoras. No podemos olvidar que la finalidad última de una empresa es el beneficio económico y en este caso lo está haciendo a costa de un servicio público, con presupuesto público. Se benefician del dinero que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas.
La atención al alumnado con necesidades educativas especiales es una tarea ineludible, competenciade la administración. Con la restricción en la creación de puestos de trabajo se está incumpliendo un compromiso de la administración y un derecho del alumnado. Nos podemos encontrar en un mismo centro educativo a Personal Técnico en Integración Social, personal laboral de la Junta y a los llamados Auxiliares Técnicos Educativos contratados por empresas privadas para realizar un servicio público.
La Junta de Andalucía justifica estas contrataciones alegando que por la situación de crisis económica se está priorizando la atención asistencial del alumnado con necesidades educativas especiales y nosotros, como profesionales, nos preguntamos ¿por qué recortan al más débil? ¿Por qué se reduce la calidad de la atención educativa a este alumnado queriendo cubrir sólo una parte del derecho que tienen a unos apoyos que favorezcan un desarrollo integral como persona? ¿Dónde está la inclusión educativa? ¿Para quién es, la tan buscada, calidad en la educación?
Además, se está vulnerando de forma reiterada el acceso al empleo público, sometido a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Nos encontramos con personal contratado por empresa privada aún cuando existe una categoría profesional contemplada en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, la de MONITOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL. (A partir del Acuerdo de 14 de noviembre de 2014 de la Comisión Negociadora del VII Convenio, el Monitor de Educación Especial pasa a denominarse Personal Técnico en Integración Social.
El PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, como personal laboral de la Junta de Andalucía, hemos tenido que pasar por un proceso de selección, sufrir el lento y tedioso proceso al que la Junta somete al personal laboral. El último acceso a personal laboral de la Junta, que se convocó en el año 2008 (de la oferta pública de empleo del 2007), aún está sin resolver en su totalidad ya que falta que se resuelva promoción y traslado del personal laboral. Asimismo, la oferta de empleo público de 2009 todavía no se ha convocado. Nos encontramos con bolsas de trabajo pendientes de baremar en donde cientos de personas, que pagaron sus tasas públicas, tienen sus expectativas puestas para poder ocupar una vacante. Y mientras ellas esperan, la Junta subcontrata.
Por otro lado, la Junta condena a sus trabajadores fijos a permanecer en un centro de trabajo “de por vida” al no cumplir con el Capítulo VI. Selección de personal y provisión de puestos, del VI
Convenio Colectivo, en el que se recoge:
Artículo 20. Provisión puestos.
1. Los puestos de trabajo adscritos al personal laboral que se encuentren vacantes y presupuestariamente dotados se proveerán por el procedimiento de concurso de traslados, por el cual el personal fijo o fijo discontinuo opta a la cobertura de los puestos…”
Con esto obliga a su personal a permanecer a kilómetros de distancia de sus hogares al no poder concursar por una plaza más próxima a sus domicilios, impidiendo la conciliación de la vida familiar y laboral. Mientras tanto esas plazas, que no crea la Junta, están ocupadas por trabajadores de empresa privada.
Como colectivo, el PERSONAL TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL, personal laboral de la Junta de Andalucía, pedimos:
1. Que se cumpla lo contemplado en el VI Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía en su Capítulo VI Artículo 16.
2. Que cesen las privatizaciones y que todas las necesidades en centros de educación infantil, primaria y secundaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, prestadas en la actualidad por empresas privadas sean plazas creadas en la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta a tiempo completo y dotadas presupuestariamente.
3. Que se establezca un calendario de reversión de las plazas privatizadas al empleo público.
4. Que mientras se tenga la prohibición de creación de empleo se realicen contrataciones por obra y servicio desde la propia administración, hasta su creación en la relación de puestos de
trabajo (RPT), para dar cobertura a una necesidad creciente de personal.
5. Que en ningún caso sea permitido el reconocimiento de la antigüedad en el puesto de trabajo ya que los trabajadores y trabajadoras de la empresa privada no son ni del mismo grupo de
cotización ni trabajan en la misma categoría de los Técnicos en Integración Social.
6. Que deje de considerarse como un servicio diferenciado, dentro de su atención educativa, el derecho que tiene el alumnado con necesidades educativas especiales a recibir una educación
global, sin limitarse a una atención asistencial.
7. Que se ejecute la oferta de empleo público de 2009, que está paralizada desde dicho año y aún no ha sido convocada.
Basta ya de privatizar un servicio público.
Basta ya de la falta de respeto a los trabajadores públicos.
Basta ya de que la Junta no asuma las necesidades de personal permanente.
Basta ya de que el alumnado con necesidades educativas especiales no sea atendido por el personal específicamente preparado para atender sus necesidades de apoyo en los centros educativos.
Basta ya de considerar al alumnado con necesidades educativas especiales como no merecedores de una atención global, discriminados según centros y provincias.
Por una atención profesional pública y de calidad.

Susana Pavón León. Integradora Social y miembro de la asociación AISA.  

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