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El Ayuntamiento de Mijas hace dejación de su rsponsabilidada por el corte de caminos comunales
Adelante Torremolinos. 19.06.19 
Con el presente comunicado ponemos de relieve la importancia de los caminos rurales públicos para la vertebración y comunicación del mundo rural y de urbanizaciones y la dejación de funciones del Ayuntamiento de Mijas a la hora de velar porque estén en debidas condiciones para la circulación de las personas y vehículos, entre los que podemos señalar, por su importancia, los de seguridad y emergencias como vitales en caso de urgencias.
Las competencias municipales en materia de vías públicas alcanzan tanto a las urbanas como a las rurales y es obligación de las entidades locales mantenerlas en buen estado de conservación.
En este sentido, sus actuaciones se ejercerán sobre los caminos rurales públicos. El carácter público o privado dependerá de la naturaleza del suelo sobre el que transcurren. Camino público es aquel cuyo suelo es público, y que debemos diferenciar de la servidumbre de paso sobre suelo privado (art. 564 del Código Civil y por todas STS de 27 de mayo de 1995). La jurisprudencia tiene declarado que los caminos tienen la condición de públicos (STS de 7 de mayo de 1987), siendo a estos efectos indiferente que no figuren en el Inventario de Bienes si el carácter de uso público del camino se acredita suficientemente (STS de 29 de septiembre de 1989). Ni siquiera el hecho de que en el Registro de la Propiedad estuvieran inscritos como de propiedad privada constituye un obstáculo a la titularidad y carácter de dominio y uso público del camino. La conservación de caminos y vías rurales constituye, según el artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local (LRBRL), una competencia local, valorada como determinante de la imputabilidad de los hechos al Ayuntamiento (art. 90 de la Ley 7/99 y 38 TRRL para entidades locales menores) .
La Sentencia del Tribunal Supremo de 1 de julio de 1991, declara la responsabilidad de la Administración en virtud de daños causados por los bienes de dominio público, como destinados a soportar las vías de comunicación cuando haya existido omisión en dicha conservación (STS de 26 de marzo de 1957, STS de 30 de octubre de 1965, SSTS de 27 de diciembre de 1969, 3 de julio de 1961 y 10 de diciembre de 1963. En ellas se hace referencia a aspectos sobre su anchura, competencia municipal, deber de defensa y obligación de conservar y mantenerlos en buen estado): si la no reparación del camino produce un daño a otro particular estaríamos ante el tema del principio general y amplísimo de la responsabilidad objetiva de la Administración, reconocido en el artículo 54 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, según el cual, las Entidades Locales responderán de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa: así se desarrolla en el artículo 139.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPA), desarrollado a su vez por el Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas, en materia de responsabilidad patrimonial, aprobado por Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo. Los casos de responsabilidad externa se producen si existen daños ocasionados a terceros como consecuencia de la falta de mantenimiento o reparación de los inmuebles y en su caso de la vía pública.
De lo expuesto y atendiendo al plano de camino rurales que se puede observar en la página Web del Ayuntamiento de Mijas, el camino rural que ha sido cortado con sendos portones es público (prolongación de la carretera Puerto Los Gatos). Más aún, sobre una parte de su trazado discurre el saneamiento proveniente de la urbanización Mirador Golf de Marbella, y todo ello dentro del término municipal de Mijas (al final del documento, como Anexo, se incorpora plano e imágenes).
Siendo esta la realidad, de tener constancia el Ayuntamiento de Mijas del corte del camino rural público y omitir o ser negligente en su actuación potestativa, impidiendo de este modo que la circulación se pueda reanudar, estaríamos ante un caso en el que ha omitido su obligación de conservar y mantener la vía rural pública en cuestión, vislumbrándose su responsabilidad objetiva y, por tanto, tendría que responder ante los daños y perjuicios causados a la vecindad que necesita circular por el camino.
Por otro lado, el que se haya producido el corte del camino rural público por una tercera persona no obliga, en primera instancia, al ayuntamiento a asumir el costo que suponga esas labores de conservación y mantenimiento, en el caso que nos ocupa se trataría de la retirada de los portones colocados y la reposición de la superficie de la calzada del camino a su estado inicial.
Desde la perspectiva civil es clara la aplicación del régimen del art. 1902 del Código Civil (si se dan los requisitos de existencia de daño, omisión de la necesaria diligencia y enlace preciso entre omisión y perjuicio). Si el daño al camino lo ha producido un particular, una vez determinado el autor o autores del daño, se les puede y se les debe obligar a la reparación del camino reponiéndolo a la situación en que se encontraba antes de la producción de los daños (orden de ejecución previa a la ejecución subsidiaria para la restauración de la legalidad): el art. 130.2 de la LRJ-LPC 30/1992, (desarrollado por el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por RD 1398/1993 de 4 de agosto) declara la compatibilidad entre las responsabilidades administrativas que se deriven de un procedimiento sancionador y la exigencia al infractor de la reposición del estado originario. También se declara dicha compatibilidad con la indemnización por los daños y perjuicios causados, que podrán ser determinados por el órgano competente, debiendo en este caso comunicarse al infractor para su satisfacción dentro del plazo que al efecto se determine, quedando, de no hacerse así, expedita la vía judicial correspondiente. De la interpretación de la LRJ-LPC 30/1992 y su reglamento deducimos la generalización en principio de la regla de ejecutoriedad para la reparación de daños, siempre que éstos sean al mismo tiempo infracción. Esta competencia de conservación de caminos y vías rurales es irrenunciable para los ayuntamientos, quienes, en virtud de esta, pueden reivindicar estos terrenos por sí mismos y, en cualquier tiempo al tener la consideración de dominio público, bastando con requerir a los detentadores para que repongan la situación anterior, advirtiéndoles que, si no lo hacen, el ayuntamiento lo llevará a cabo a su costa.
De lo expuesto, nos surgen la siguiente interrogante:
¿Está siendo diligente el Ayuntamiento de Mijas en el procedimiento administrativo para solventar el corte del camino rural público?
De las pesquisas realizadas y observando el tiempo transcurrido deducimos que no, entrando en lo que se podría considerar negligencia en la actuación, lo cual está creando un serio perjuicio a las personas que usan dicho camino rural público.
También, y cosa no menos importante por el peligro que supone de incendios, en el tramo entre ambos cortes del camino hemos podido observar el vertido y la consiguiente acumulación de restos de poda, con restos de un conato de incendio. Este material vegetal, una vez seco, puede ser un foco de peligro para un incendio en un paraje rural y forestal como dicho enclave.
En post de una pronta resolución, emprenderemos las siguientes a actuaciones:
     Un escrito dirigido al Ayuntamiento de Mijas solicitando acceso a la documentación obrante en el expediente que se haya abierto al corte del camino rural público, para valorar las actuaciones emprendidas y la diligencia prestada.
     Una actuación pública denunciando tales hechos, consistentes en difusión del siguiente comunicado y una rueda de prensa in situ en la que se pueda apreciar los hechos que se denuncian, amén de la documentación gráfica para los medios que no hayan podido desplazarse.
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