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En democracia, el soberano es el pueblo
Podemos. 18.07.20 
Las noticias que están saliendo a la luz sobre las presuntas actividades ilegales de Juan Carlos I en Arabia Saudí y en Suiza resultan cuando menos preocupantes para la calidad democrática en nuestro país. De hecho, es la propia sociedad española quien está planteando el debate sobre la utilidad de la monarquía, como quedó patente al inicio del estado de alarma, que llegó incluso a calar en la decisión de Felipe VI de alejarse de la figura de su padre renunciando a su herencia. Un debate que ahora gana fuerza a raíz de las últimas informaciones sobre el emérito.
Es importante señalar que estas presuntas actividades no son nuevas. Según declaraba el exconsejero delegado de Campsa, Roberto Centeno, en el documental La monarquía: un negocio rentable, de EiTB, el rey Juan Carlos recibía comisiones millonarias con los contratos de petróleo. O la información desvelada estos días por el periodista Antonio Maestre en elDiario.es, que detalla la carta enviada por Juan Carlos I en 1977 a Reza Pahlevi, sha de Persia, para pedirle una donación que consolidase la monarquía y apoyara a la UCD ante el ascenso del PSOE. Fueron diez millones de dólares que nunca llegaron por completo al partido de Adolfo Suárez.
Desde Podemos venimos planteando desde hace meses la necesidad de poner luz y taquígrafos ante estos hechos, con la solicitud junto con otros grupos parlamentarios de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados. Sin embargo, ha sido ya dos veces rechazada con la excusa de la inviolabilidad de la figura del rey, pese a tratarse, en este caso, del rey emérito.

Con la metamorfosis del «juancarlismo» al «constitucionalismo», quizás sea necesario entonces analizar qué dice la Constitución al respecto de la «inviolabilidad e irresponsabilidad» del rey. Según el artículo 56.3:

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.
 
Desde Podemos venimos planteando desde hace meses la necesidad de poner luz y taquígrafos ante estos hechos, con la solicitud junto con otros grupos parlamentarios de una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados.
La «inviolabilidad» del rey como jefe del Estado no puede oponerse al derecho a la verdad de la ciudadanía, en el cual tienen un papel clave los medios de comunicación, que durante años participaron de la opacidad reinante en torno a la Casa Real.
 
El concepto de la inviolabilidad, tal y como se está interpretando en este caso, implica la imposibilidad de demandar o someter a un proceso judicial al monarca, pero mientras sea rey. En el caso de Juan Carlos de Borbón, algunos de los hechos investigados por la Justicia suiza en estos momentos, que presuntamente se llevaron a cabo cuando ya había dado un paso atrás. Por lo tanto, el argumento de la inviolabilidad se cae por su propio peso a partir de 2014, a lo que se suma una cuestión impensable en una democracia del siglo XXI: que la Jefatura del Estado en nuestro país se encuentra en manos de una persona «no sujeta a responsabilidad», por ende, irresponsable.

La «inviolabilidad» del rey como jefe del Estado no puede oponerse al derecho a la verdad de la ciudadanía, en el cual tienen un papel clave los medios de comunicación, que durante años participaron de la opacidad reinante en torno a la Casa Real. Como tal lo refleja también la Constitución española en el artículo 20.1.d:

1. Se reconocen y protegen los derechos:
    d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.
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