"Se va a pasar de un modelo que garantiza el acceso a unos servicios sociales públicos y de calidad a otro basado en la beneficencia y en la caridad"
 
La secretaria general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO de Málaga, Carolina Ortiz, y el responsable de servicios sociales de dicha federación, Enrique Moyano, han realizado un balance negativo de las consecuencias que va a traer la futura ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales que prepara el Gobierno central. Por ello, ambos han insistido en la necesidad de defender los servicios públicos municipales frente a una posible aplicación, ya que calculan que podría afectar a más de 600 puestos de trabajo de los servicios sociales comunitarios que se ofrecen en cada uno de los ayuntamientos de la provincia de Málaga.

En concreto, esta destrucción se realizaría entre los años 2014 y 2016, que es el periodo en que los servicios sociales tienen que estar pasados a las comunidades autónomas según esta ley, y afectaría al personal técnico, administrativo y auxiliar. En palabras de Carolina Ortiz, “se va a pasar de un modelo que garantiza el acceso a unos servicios sociales públicos y de calidad a otro basado en la beneficencia y en la caridad”.

En relación al Plan Concertado, el sindicato ha criticado que el Gobierno del PP haya recortado para los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) un total de 532 millones de euros en los servicios sociales comunitarios en todo el país. Según ha explicado Ortiz, “el Plan Concertado es un plan financiero para ayudar a los distintos ayuntamientos con el fin de que se garanticen dichos servicios sociales, sin embargo, con estos recortes se reduce el 100% de las aportaciones que realiza a este Plan tanto el Estado como las corporaciones locales, quedándose sólo la cantidad que realiza nuestra comunidad autónoma”. En términos económicos, la líder sindical ha explicado que “el Estado aporta unos dos millones y medio y las corporaciones locales cerca de veintiocho millones de euros, la suma de las dos suponen el 78% del total, es decir, la Junta de Andalucía tan sólo aportaría el 22% de su presupuesto a este Plan Concertado, una medida que nos parece totalmente insostenible y de incalculables consecuencias”.

Respecto a la ciudadanía que cada año se beneficia de estos servicios sociales comunitarios, normalmente suelen ser de media unas 135.000 personas. En el caso en el que se aplique esta reforma local, Carolina Ortiz ha advertido que “se quedaría fuera el 80% de los servicios que se ofrece a estos habitantes”.

Para finalizar, la líder sindical ha informado que mañana, 12 de diciembre, “CCOO ha convocado una asamblea de empleados públicos en el Centro Cívico de Málaga donde se va a informar sobre todo esto y el resto de consecuencias que traerán la reforma local, que también afectará a servicios en educación, sanidad y en la aprobación de tasas adiciones para servicios tales como la basura, agua, saneamiento, etc”.

Asimismo, ha asegurado que “estamos ante un paso más para la privatización de los servicios sociales, ya que se va a pasar de ser un principio fundamental de atención a la ciudadanía a un principio exclusivamente mercantilista”. También ha señalado que “el carácter de proximidad de estos servicios actualmente es algo primordial, pero sin embargo en el momento en el que se presten desde las comunidades supondrá una conversión de la atención directa a un mero trámite burocrático, lo que pondría en peligro en muchos casos la salud de las personas mayores, ya que la gran mayoría son usuarios mayores y que utilizan los servicios de ayuda a la dependencia”.

Fuente:
http://www.andalucia.ccoo.es/webandalucia/Conoce_CCOO:Uniones_Provinciales:Malaga:Actualidad:541829--CCOO_advierte_que_la_Reforma_de_la_Administracion_Local_en_Malaga_podria_afectar_al_empleo_de_mas_de_600_trabajadores_de_servicios_sociales