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La Unión de Consumidores de Málaga, contra el nuevo decreto autonómico que regula las asociaciones de consumidores y usuarios | | Unión de Consumidores. Málaga. 20.05.14 | |  Málaga, 20 de mayo de 2014. Tras la próxima entrada en vigor del decreto que regulará el Régimen Jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias de Andalucía, la Unión de Consumidores de Málaga, y como ya ha hecho en reiteradas ocasiones, mantiene su oposición a este nuevo texto que supondrá la supresión de su independencia política, su pluralidad y su libertad de ejercicio. Este claro perjuicio, que todavía empeorará más la situación por la que atraviesan estas organizaciones, cercenará a aquellas que no cumplan los requisitos exigidos, anulando su participación. El texto se aplicará con carácter retroactivo, obligando a realizar un nuevo registro a las asociaciones ya creadas, pero con la complicación de que las exigencias serán prácticamente inalcanzables para nuevas asociaciones y federaciones de consumidores. | Por todo ello, Jesús Burgos, presidente de la Unión de Consumidores de Málaga y vicepresidente de la Unión de Consumidores de Andalucía, ha vuelto a denunciar esta mañana ante los medios una situación que afectará de manera exagerada a estas organizaciones, por lo que también ha solicitado formalmente amparo a los grupos parlamentarios popular y socialista de Andalucía para actúen según proceda ante esta situación de indefensión contra la normativa que Izquierda Unida plantea aplicar a través de la Consejería de Administración
Unión de Consumidores
Local y Relaciones Institucionales, que incluye la Dirección General de Consumo, de donde parte la idea.
Repercusiones
El Estatuto de Autonomía y la Constitución dan el poder a la Junta de Andalucía de regularizar y legislar en materia de defensa del Consumidor y Usuario, lo que les permite desarrollar una normativa a nivel regional que no coincide ni con la normativa nacional y que además limita la entrada de otras organizaciones, obstaculizando el pluralismo, la libre elección, el asociacionismo y la toma de decisiones de forma democrática y participativa, además de condicionar las posibles subvenciones. Será también un decreto contrario al Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, firmado en 2012, rompiendo con el consenso de las políticas concertadas y del consenso mantenido hasta el momento.
Entre los puntos principales que recoge este proyecto de Decreto, cuyo último borrador es del 18 de marzo, destacan que las asociaciones cooperativas dispongan de un fondo social integrado por las aportaciones de las personas asociadas y por el 15%, como mínimo, de los excedentes netos de cada ejercicio, destinado exclusivamente a la defensa, información, educación y formación de las personas asociadas, en materias relacionadas con el consumo.
Se crearán así asociaciones ‘de primera’ y ‘de segunda’. Las federaciones ‘de segunda’, que serán las únicas que podrán denominarse ‘de consumidores y usuarios’, estarán limitadas y no podrán representar los intereses generales o colectivos, sino únicamente los de sus propios socios, al no cumplir los requisitos impuestos. Estas, como mínimo, deberán contar con al menos cinco sedes en provincias distintas y tener como mínimo 7.500 socios que generen unas cuotas de 90.000 euros anuales.
En cuanto a las organizaciones ‘de primera categoría’, alguno de los requisitos para ser asociación, federación o cooperativa ‘más representativa’ a nivel andaluz son:
- Estar inscritas en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía;
- Que tengan representación como asociaciones en las ocho provincias andaluzas;
- Que dispongan como mínimo de 15.000 personas asociadas;
- Que recauden más de 180.000 euros de las cuotas de socios;
- Que deban realizar auditorías externas o de la Administración para la comprobación de los ingresos por cuotas de personas asociadas;
Esa obligación de que, como mínimo, las asociaciones tengan 15.000 afiliados y recauden 180.000 € en cuotas de socios, incluso obligando a utilizar las cantidades de las cuotas de socios a realizar actividades concretas y que estarían auditadas, usurpará de forma concreta la labor independiente de las organizaciones de consumidores utilizando recursos propios con fines impuestos y para que las asociaciones realicemos el trabajo que debería realizar la administración pública.
La Consejería que preside actualmente Diego Valderas apoya a la organización de consumidores afín a sus ideologías políticas, ya que ésta (FACUA) sería la única que podría hablar en nombre de todos los andaluces y andaluzas, controlando el movimiento de consumidores y usuarios a sus propios intereses, atacando la imparcialidad y la legitima defensa de los colectivos ciudadanos. De esta manera, solicitamos que se mantenga la misma estabilidad y objetivo de preservación del modelo anterior, evitando así que el resultado del proceso derive en imposiciones de criterios de una federación sobre otras.
La administración pública se saltaría ‘a la torera’ la Ley de Protección de Datos realizando auditorias de los afiliados a las asociaciones de consumidores con el fin de controlar a organizaciones sin ánimo de lucro que no buscan otra cosa más que la protección, formación y representación, entre otras, de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía. Esas auditorías externas exigidas también supondrían un elevado coste para estas asociaciones y federaciones.
Puntos negativos
De esta manera, desde la Unión de Consumidores de Málaga nos posicionamos contra el nuevo texto, que:
Unión de Consumidores
- Aunque indique que el decreto se ha elaborado cumpliendo el trámite de audiencia, realmente no ha tenido en cuenta a los organismos provinciales que participan en el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, como es nuestra organización y al no ser enviado a día de hoy el borrador definitivo para presentar alegaciones, según recoge el art. 34 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía:
“Las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía habrán de ser oídas en procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía relativas a materias que afecten directamente a los consumidores…”
- El texto se publique a través de decreto y no como normativa del Parlamento Andaluz. Además, se burlan de las asociaciones y los usuarios indicando que el documento se ha elaborado según los principios del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Una de las justificaciones para sacar este ‘decretazo’ es supuestamente adaptarse a la realidad actual de las asociaciones de consumidores, hecho, a tenor del documento, totalmente falso. A día de hoy, la Unión de Consumidores de Andalucía continúa en contra de la imposición de dicho decreto.
- El documento se haya elaborado a imagen y semejanza de una organización de consumidores afín a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, siendo la única que cumpla con los requisitos establecidos. En este caso, dicha Consejería, actualmente dirigida por Izquierda Unida, quiere exigir requisitos a organizaciones de consumidores que ni siquiera ellos como partido político llegan a cumplir, favoreciendo claramente a la única organización de consumidores cercana a sus políticas y de las cuales 7 de los 8 presidentes provinciales son afiliados y en algunos casos han sido representantes políticos de Izquierda Unida en Andalucía. Además, gracias al apoyo de la administración andaluza han percibido un mayor número de subvenciones en detrimento de las demás asociaciones, que intentan, como derecho que es, representar legalmente los intereses de los consumidores y usuarios en Andalucía.
- El decreto exija a las asociaciones de consumidores más ingresos y afiliados que a los propios partidos políticos del Gobierno Andaluz. Se defiende así de los políticos de turno y de las políticas que ni siquiera aplican en sus propios partidos, a los cuales no se les exigen ni tan siquiera un número de socios para ser partido político. Es más, algunos partidos políticos que no llegan ni a 6.000 afiliados (menos de la mitad que les exigen a las futuras organizaciones de consumidores “más representativas”) están gobernando a los casi 8 millones y medio de andaluces y andaluzas, un claro atropello que deja de manifiesto la mala gestión y la política de “por imposición” que están aplicando y que buscan favorecer a minorías ideológicas.
- Vulnera la legitimidad nacional, ya que muchas asociaciones pueden ser reconocidas como tal a nivel nacional y no a nivel autonómico.
- Quedarán eliminadas la pluralidad y la independencia política de estas organizaciones y de sus asociados. La participación no será libre y conllevará su sometimiento, con lo que serán cuestionadas por la opinión pública. El impedimento de la libertad de ejercicio de las asociaciones de consumidores.
Por todo ello, y ante la falta de imparcialidad, lógica y eficacia, solicitamos que retiren las competencias de Consumo a Izquierda Unida, cuya desafortunada gestión está provocando la asfixia económica de asociaciones como la nuestra, mermando la capacidad de defender los derechos de consumidores y usuarios con la máxima dedicación e imparcialidad. Además, solicitamos que el proyecto se pare, se lleve al Parlamento andaluz y se actúe en consecuencia, para que dicho reglamento se conforme con el consenso de todos los agentes implicados.
Con el texto actual imponen cuotas – incluso a personas con dificultades económicas - y cuantías de ingreso, eliminando toda posibilidad de autogobierno, impidiendo nuestra libertad e independencia. Nuestra petición de amparo se traslada al grupo popular y al grupo socialista para que velen por los derechos de las asociaciones. Como ejemplo de incoherencia, en pleno ordinario del Ayuntamiento de Málaga del día 21 de marzo de 2013 donde se aprobó por unanimidad una moción de todos los grupos políticos, incluido Izquierda Unida, en el que se instaba a la Junta de Andalucía a continuar con la tramitación del nuevo decreto de registro de asociaciones y organizaciones de consumidores de Andalucía que se ajuste a la normativa
Unión de Consumidores nacional en esta materia y que promueva la libertad de inscripción y participación asociativa, que actualmente de aplicarse el presente borrador no se realizaría de ninguna de las formas. No entendemos por qué Izquierda Unida aprueba una cosa en el Ayuntamiento de Málaga y después en la Consejería que ellos dirigen realizan otra.
Independientemente de toda esta información, la Unión de consumidores de Málaga denuncia que no se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia previa, por lo que constitucionalmente y estatutariamente podría considerarse ilegal. El borrador definitivo se le ha comunicado solo y exclusivamente a las federaciones presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, sin tener en cuenta que toda asociación de consumidores debe estar inscrita en el registro de asociaciones de consumidores en Andalucía, independientemente del carácter provincial o andaluz, como el caso de la Unión de Consumidores de Málaga, que es una asociación independiente (no una delegación) y que tiene el derecho legal de ser informada previamente y de presentar las alegaciones que correspondan ya que dicho cambio en el Registro de Asociaciones no solamente afecta a las federaciones, sino que también afecta a todas las asociaciones de consumidores que estén inscrita en la comunidad autónoma de Andalucía. A nuestra organización únicamente le llegó un primer borrador para presentar alegaciones hace más de un año, al principio de la elaboración del decreto, dejándonos a nosotros y al resto de asociaciones de consumidores que no se encuentran integradas entre las federaciones más representativas actualmente en una auténtica situación de desamparo y desinformación.
Este cambio de registro, que se pretende hacer por decreto para evitar el trámite parlamentario, atenta contra los derechos democráticos al aprobar un decreto sectorialmente que afecta a todos los consumidores y usuarios en Andalucía, a contratiempo y sin ningún fin de debatirlo parlamentariamente para escuchar a los demás grupos políticos y mucho menos al resto de organizaciones de consumidores que llevamos trabajando por los ciudadanos más de 25 años, igualmente cuestionando la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Andalucía al impedir el derecho al asociacionismo y a una defensa justa y en igualdad para todos/as.
Consecuencias palpables de la mala praxis en Consumo en Málaga
En los tiempos que corren, en los que ha bajado el consumo y han aumentado los atropellos en los derechos de los consumidores, donde la Junta de Andalucía debería encargarse de la vigilancia, protección, formación, entre otras de los derechos de los consumidores y usuarios en Andalucía, estos se vienen cercenando y limitando cada vez más al mero trámite administrativo y de inspección, que no es menos importante pero que se queda obsoleto y poco efectivo. Al consumidor el mensaje que le llega es que reclamar no sirve para nada y se sienten desamparados antes los grandes oligopolios, entre otros.
En Málaga venimos realizando programas de consumo desde hace más de 20 años. Dichos contratos-programas son actividades de formación e información y tramitación de reclamaciones y denuncias de los consumidores malagueños. Las organizaciones desde hace mucho tiempo venimos encargándonos de dichos tramites en los que cada año han sido mermadas las cantidades que han repercutido en una reducción de derechos para las poblaciones malagueñas en este caso. Como ejemplo, desde 2010 hasta 2013, ha habido una reducción en las partidas presupuestarias para dichas actividades de un 46% menos, lo que ha provocado una merma en los servicios que atienden, asesoran y forman a los consumidores y usuarios.
Twitter:@UCEMálaga Facebook: Unión de Consumidores de Málaga UCE |
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