El sindicato destaca, entre las aportaciones que han sido recogidas en el documento, la limitación de externalizaciones, la exigencia de incorporar cláusulas sociales en las licencias adjudicatarias, o el establecimiento de un porcentaje destinado a programación de servicio público de obligado cumplimiento para los operadores, independientemente de que sean de titularidad pública o privada. La creación de un Consejo Asesor para toda Andalucía y la puesta en marcha de un observatorio público de audiencias han sido otras de las aportaciones recogidas. El sindicato ha demandado, no obstante, que la Ley se dote de un Estatuto Andaluz de la Comunicación que recoja los derechos y obligaciones de quienes participan de este sector, y proteja a sus trabajadores y trabajadoras.