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El PSOE de Andalucía miente sobre los servicios de emergencias
CGT. Málaga. 20.03.16 
Ayer 19 marzo apareció en los medios de comunicación de Andalucía una nota de prensa del PSOE meticulosamente esparcida en sus medios de control de cada Provincia, alertando de la pérdida de 300 puestos de trabajo en el 112, como consecuencia de las movilizaciones de sus trabajadores y aprobación de la PNL (Proposición No de Ley) presentada por PODEMOS con el apoyo de la mayoría Parlamentaria y el voto en contra del propio PSOE.
Mario Jiménez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento Andaluz, así lo afirmó en la mencionada nota. http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/2244448/psoe/alerta/la/perdida/empleos/servicio.html
Desde CGT queremos dejar absolutamente claro que se trata de una maniobra in-extremis del PSOE para intentar mantener el clientelismo con las empresas adjudicatarias de los servicios de emergencias, crear confusión en las plantillas y atacar a quienes están abriendo el Parlamento de Andalucía a los andaluces y andaluzas, planteando en ámbito parlamentario las iniciativas que se le piden desde los colectivos y movimientos sociales.
Los servicios telefónicos de emergencias 112 y 061 están costando a las arcas públicas de la Junta de Andalucía en la actualidad más del doble de lo que cuesta la gestión directa por la Administración andaluza.
Estamos hablando de que entre los dos servicios públicos de emergencias se pueden estar regalando a las empresas concesionarias en torno a 16 millones de euros anuales, dado que éstas empresas solo se hacen cargo del personal mientras que las instalaciones como los medios de producción y gestión de las emergencias son absolutamente financiados con dinero público, desde el teléfono, sistema informático, suministros básicos, ordenadores... hasta el papel y bolígrafo.
¿Molesta al PSOE que se puedan gestionar sin intermediarios las emergencias públicas en Andalucía? o ¿Qué molesta realmente? ¿Las posibles pérdidas de comisiones? ¿Estamos quizá ante alguna trama oculta de nuevas corruptelas?
La precariedad y el pseudoesclavismo al que someten a las plantillas de la gestión telefónica de emergencias es tal, que las empresas interpuestas ni siquiera cumplen el ya de por si precario convenio colectivo de Contac Center (venta telefónica) que se les aplica sin que nada tenga que ver con las funciones que realizan. En los servicios de emergencias no se vende nada.
 
Múltiples resoluciones de la Inspección de Trabajo y sentencias judiciales dan fe de esos incumplimientos. La avaricia económica no tiene límites para empresas como ILUNION (ONCE) adjudicataria casi en exclusiva de las mismas en Andalucía, o Arvato Qualytel que gestiona los centros de Andalucía oriental del 112, intentando por cualquier vía a costa de los derechos de los trabajadores, aumentar sus ya de por si copiosos beneficios.
 
Es absolutamente vergonzoso que alguien que dice representar a un partido que se dice socialista y obrero, intente acusar a los grupos de la oposición y a PODEMOS de “abrir las puertas al despido de 320 trabajadores/as en Andalucía” cuando quien despide directamente es el propio PSOE para intentar acallar las voces que reclaman dignidad profesional en el sector de las emergencias, como se demuestra en el caso de las compañeras despedidas por la Consejería de Salud en el 061, colectivo que está a punto de alcanzar un año de continua denuncia de su situación laboral. 
 
La falta de escrúpulos de los dirigentes del PSOE llega hasta tal punto que tras dar las instrucciones para los despidos, luego pretenden exculparse responsabilizando en exclusiva a las empresas concesionarias de ellos, pero a los hechos nos remitimos, la comunión de intereses es tal, que cuando se han visto en los juzgados de lo social los primeros juicios por despidos de las compañeras de Málaga, la Consejería de Salud ha enviado a empleados públicos como testigos, sin citación judicial, a defender los intereses de la empresa privada Ilunion contra las propias trabajadoras y en algunos casos, incluso llegando a mentir en el Juzgado, circunstancia que ha propiciado el inicio de las preceptivas medidas legales por CGT contra esos emisarios.
 
Asimismo preguntamos públicamente al PSOE y sus dirigentes en Andalucía, ──Cómo consienten mantener empresas concesionarias a aquellas que derivado de sus actuaciones en los centros de emergencias andaluces, han sido condenadas por la Vulneración de Derechos Fundamentales por los Tribunales de Justicia o han sido sancionados por la AEPD (Agencia Española de Protección de datos) por la violación en la protección de datos de los usuarios.
Empresas que incumplen los pliegos de condiciones y que devalúan el servicio reduciendo plantillas mediante la aplicación unilateral del art 41 del ET
¿Qué intereses ocultos existen detrás?
 
Igualmente queremos mencionar la desfachatez del PSOE en lo referente al incumplimiento de la legalidad vigente y en concreto a la falta de puesta en marcha de las acreditaciones profesionales para el colectivo de tele-operación de emergencias, norma legal que data de noviembre de 2011 y que hasta ahora no se ha impulsado por la Junta de Andalucía y que solo por la presión de los/as trabajadores/as de emergencias de Andalucía, con un acto convocado por CGT en las 8 capitales de Provincia el pasado 22 de febrero, ha movido los resortes para que se active durante este 2016, garantizando con ello los empleos de todos/as cuantos llevan muchos años salvando vidas y atendiendo al otro lado del teléfono a toda la ciudadanía andaluza en situaciones de emergencias, desde el anonimato y con el vejatorio trato que reciben de la “socialista” administración andaluza. 
 
Desde CGT retamos al Sr. Mario Jiménez, Portavoz del PSOE, a comparecer conjuntamente ante los medios de comunicación o en cualquier otro foro, al objeto de que podamos discutir públicamente sobre el cumulo de mentiras que vierte en su nota de prensa y los despropósitos mencionados en la misma. Son múltiples los ejemplos en nuestra Comunidad autónoma, de la mano del PSOE, de la conversión a publico de empleos provenientes de empresas privadas, dado que existen formulas legales que lo posibilitan, aunque parece evidente que estas formulas son nocivas para la recepción de comisiones, prevendas, etc.
 
 
 
FATYC de CGT-A 
 
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