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Amnistía Internacional pide la urgente protección de todo el personal sanitario para hacer frente a la pandemia del coronavirus
Amnistia Internacional. 22.03.20 
Contamos con portavoces disponibles para hablar sobre la relación entre COVID-19 y derechos humanos
Madrid.- Amnistía Internacional recuerda que para que se garantice el derecho a la salud de todas las personas en España es necesario proteger a quienes están en primera línea frente a la pandemia del coronavirus, es decir, a todo el personal sanitario y a los y las profesionales que trabajan en los hospitales y centros médicos donde se está combatiendo esta enfermedad. Por ello, la organización pide que, de manera inmediata, se asegure que tienen acceso a las medidas de protección (tales como mascarillas, guantes, etc) y que se realicen los test de detección necesarios entre el personal del sector para garantizar su derecho a la salud y conocer la incidencia del virus. 

“Los trabajadores y trabajadoras de la salud están realizando un esfuerzo encomiable, puesto que tienen que continuar prestando servicios a pesar de los riesgos personales para ellos y para sus familias. Entre los riesgos que corren figuran la posibilidad de contraer COVID-19 al realizar su trabajo, el exceso de horas de trabajo, la angustia psicológica y el cansancio. Por eso es urgente que el Estado garantice su protección”, señala Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España. “Es fundamental que las medidas propuestas por las autoridades españolas, tales como dotar al sistema de salud de más de 50.000 profesionales sanitarios, entre otras, se implementen de forma inmediata, y que se añadan a éstas las medidas de protección necesarias para ellos”, añade Beltrán.

En España, según Sanidad existen un total de 455 profesionales de la salud infectados de coronavirus, y este jueves se ha producido el primer caso de una persona sanitaria fallecida como consecuencia del COVID-19. Los informes indican que sólo en China han contraído la enfermedad más de 3.000 trabajadores y trabajadoras de la salud. En ese país han muerto médicos que trataban a pacientes con COVID-19, entre ellos Li Wenliang, el primer médico que habló de la crisis incipiente de salud a finales de 2019.

Los estándares internacionales sobre derecho a la salud obligan a los Estados a “formular, aplicar y revisar periódicamente una política nacional coherente destinada a reducir al mínimo los riesgos de accidentes laborales y enfermedades profesionales, así como formular una política nacional coherente en materia de seguridad en el empleo y servicios de salud”, lo que incluye las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de la salud. Es necesario proporcionar equipo de protección personal adecuado y de calidad, información, capacitación y apoyo psicológico para facilitar la labor de enfermeros y enfermeras, médicos y demás personal implicado en la respuesta.
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