La Fundación

La renombrada Fundación de las Canteras sigue siendo un tema recurrente. Por un lado se discute su propia razón de existir y sobre todo la intervención en la misma  del Ayuntamiento, como mecanismo de compra de voluntades y aceptación social de la actividad extractiva que ha supuesto la destrucción de nuestra Sierra. La aceptación y beneplácito social de la actividad extractiva a cambio de una gorra y un plato de paella no es ningún chiste sino la triste realidad de nuestro municipio. A lo anterior se une un sangrante y progresivo vaciado de competencias municipales hacia la fundación por cuanto ya monopolizan la concesión de subvenciones a las asociaciones vecinales y otros colectivos y otro tanto ocurre con los Servicios Operativos cada vez más replegados ante el progresivo avance de los hombrecillos verdes. Si a lo anterior unimos la falta de control público de dicho organismo toda vez que la intervención municipal no puede fiscalizar las cuentas de la misma y la potencialidad de la misma para ser utilizado como un potente instrumento de propaganda electoral, el panorama se torna inquietante y sombrío.

El alcalde y su equipo de gobierno han colocado a las asociaciones de vecinos, deportivas, clubes, asociaciones culturales, de mujeres, de comerciantes…, a todo el tejido social de Alhaurín de la Torre en la tesitura de tener  que escoger entre el dinero de la Fundación de las canteras o nada. Esto es muy grave. Numerosos miembros destacados y activos de todas las asociaciones reconocen en privado que no hay derecho a tener que pasar por aceptar el dinero de los canteros repartidos  a criterio de  un personaje siniestro para poder  llevar a cabo los fines y actividades de su asociación. El pueblo de Alhaurín no se merece  que los responsables de su Ayuntamiento dejen en manos de cuatro empresas infractoras de la legalidad y sus defensores el reparto del dinero dedicado a subvenciones.

Las leyes determinan que la competencia, la responsabilidad y el control de atender las necesidades de subvención con fondos públicos corresponde en este caso a los representantes de los ciudadanos elegidos en las urnas. Las leyes determinan también que quien incumple las leyes  y es sentenciado por los Tribunales de Justicia paga. Las cuatro empresas extractivas tienen que pagar una infracción de entre 80 y 100 millones de euros  al Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre por haber explotado la Sierra sin licencia. Es el Ayuntamiento quien tiene que cobrar y distribuir ese dinero como las leyes convengan. No se puede ni se debe saltarse las leyes ni las sentencias judiciales por más que nos interese recibir dinero para destinarlo a buenos fines. Hay que exigir que el dinero llegue a los ciudadanos por las vías legales y transparentes, sin condicionamientos establecidos por intereses particulares. Los pueblos son soberanos y para poder seguir siéndolo tienen que oponerse a los que de una u otra forma pretenden comprar sus voluntades y sus votos.

Si las empresas extractivas quieren compensar a los alhaurinos por haberse llevado la sierra de forma ilegal, que paguen la sanción correspondiente al Ayuntamiento y si además de eso quieren repartir su dinero que lo hagan  pero sin condicionar la vida de las instituciones ni quebrar el estado de derecho.

La actitud de confrontación y provocación con la que actúa esta fundación, instando al enfrentamiento entre ciudadanos, es claro ejemplo del objetivo marcado desde las filas del partido que maneja sus hilos. Por otra parte esa obsesión enfermiza de defensa a ultranza por parte del PP y su responsable de comunicación y gerente, de unas empresas con condenas judiciales en su contra por graves infracciones en perjuicio de la salud medioambiental de todo un pueblo, debería dar que pensar en la finalidad oscura que se pretende con esa actitud. Lo que pretenden es, para compensar la destrucción natural de nuestra sierra de forma clandestina e ilegal, indemnizar al pueblo con unos cortes de setos, ridículos circuitos de footing o desbrozamientos en urbanizaciones sin recepcionar. Una verdadera tomadura de pelo y una ataque a la inteligencia de todos los ciudadanos, que año tras años debemos hacer frente a unos impuestos en constate crecimiento a riesgo de ser condenados a pagar sobrecostes si atrasos en el pago hubiera. Un trato radicalmente opuesto el que reciben estas corporaciones industriales del poder político, un poder que emana de un pueblo que ha sido literalmente estafado.

El parque de Retamar (parque pobre y parque rico)

El alcalde ha adelantado en diversos medios la intención de vincular el nombre de la Fundación con el gran parque de Retamar. Craso error. También Franco le puso el nombre de Jose Antonio a una avenida de Madrid, pero los madrileños siguieron llamándole La Gran Vía y así se quedó. En el caso de Retamar aún lo tenemos más fácil que en Madrid pues como dicho recinto no tiene ninguna dirección postal, no podrá ponerse por escrito más que en los medios adictos al régimen joaquinista. Con llamarle Parque de Retamar simplemente, está todo dicho y todo el mundo lo entenderá.
Otra cose es la calidad de las actuaciones en dicho espacio público. Si lo comparamos con el parque que están ultimando en El Lagar, no hay color. En uno verjas de hierro forjado, en otro mallas de alambre de separar parcelas. En aquel pérgolas de estilo japonés, en éste alcorques de piedras de las canteras. Uno está en la travesía y vende, el otro escondido, hay poca rentabilidad electoral que ganar y más con lo contestatarios que nos han salido estos retameros.

Brenea Chaves, Encarna Ruiz,  Pepe Cano,  Federico Ortega, Rafa Calasanz, Miguel Arlandis, Francisco Solano, Antonio Barba, Cristóbal Ortega y Ramón Guanter.