Declaración de Amnistía Internacional ante el anuncio de ETA de un alto el fuego permanente

Madrid.-  Los medios de comunicación han difundido hoy el anuncio de un alto el fuego permanente y general realizado por ETA. Esta noticia se produce tras el anuncio del 5 de septiembre pasado en el que ETA afirmaba que no llevaría a cabo más “acciones armadas ofensivas”. En este nuevo comunicado, grabado en vídeo, tres miembros de ETA enmascarados afirman que el alto el fuego podrá ser verificado por la comunidad internacional.

Amnistía Internacional insta a ETA a que garantice que el final de los abusos contra los derechos humanos, incluidos hostigamientos, amenazas, extorsiones económicas y otros actos violentos o intimidatorios contra amplios sectores de la población es completo e irreversible.

La organización también subraya que todos los perpetradores de graves violaciones y abusos contra los derechos humanos deben ser puestos a disposición judicial y sus víctimas deben tener derecho a la verdad, la justicia y la reparación, tal como disponen las normas internacionales de derechos humanos.

Por otra parte, Amnistía Internacional sigue pidiendo al Gobierno español que suprima la detención en régimen de incomunicación, que garantice a todos los detenidos el acceso rápido y eficaz a un abogado de su elección, que la práctica penitenciaria cumpla el principio 20 para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la ONU, que establece que los presos, deben poder cumplir su condena cerca de su lugar de arraigo, siempre que sea posible y que individualmente lo soliciten; y que elimine cualquier ambigüedad existente en la Ley de Partidos Políticos que pudiera vulnerar los derechos y la libertad de pensamiento, expresión, asociación o reunión.
 
Información complementaria

Un alto el fuego permanente previo anunciado por ETA en 2006 terminó con la explosión de una bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Madrid, atentado en el que murieron dos personas. ETA ha sido responsable de la muerte de más de 800 personas, entre ellas agentes de policía y militares, durante las últimas cuatro décadas.