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Colectivo pide información sobre la posible incompatibilidad de la concejala de Personal | | Plataforma 176 y más. 01.07.14 | |  El pleno aprobó constituir una comisión de investigación y nada se ha hecho por parte del equipo de gobierno del PPLa Plataforma 176 y más, que aglutina a los trabajadores del Ayuntamiento de Estepona despedidos en el ERE llevado a cabo por el PP de García Urbano, ha solicitado al equipo de gobierno explicaciones acerca de la “absoluta inactividad” demostrada por el Ayuntamiento pese a que el pleno aprobó crear una comisión de investigación acerca de una posible incompatibilidad de la concejala de Personal, Pilar Fernández Figares. Desde el citado colectivo se apunta que “han sido varias las comunidades de propietarios que se han puesto en contacto para denunciarnos esta situación sin que por parte del equipo de gobierno del PP se haya ofrecido explicación alguna pese a que estaríamos hablando de un presunto ilícito administrativo”. | Además aseguran que “presuntamente se estaría vulnerando el artículo 75.1 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local que textualmente que los miembros de las Corporaciones Local percibirán retribuciones por el ejercicio de sus cargos cuando los desempeñen con dedicación exclusiva, en cuyo caso serán dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social, asumiendo las Corporaciones Locales el pago de las cuotas empresariales que correspondan, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. En el supuesto de tales retribuciones, sus percepciones serán incompatibles con las de otras retribuciones con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los entes, organismos o empresas de ellos dependientes, así como para el desarrollo de otra actividad todo ello en los términos de la Ley 53/ 1.984, de 26 de Diciembre de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.”.
La Plataforma 176 y más, espera que teniendo en cuenta la situación de corrupción política generalizada que vive nuestro país y la gravedad de los hechos denunciados, se tomen las medidas necesarias desde el consistorio, para depurar las responsabilidades que correspondan, y se vele por la legalidad, aunque pueda conllevar la destitución de la concejala Fernández-Fígares de su cargo en el Ayuntamiento de Estepona.
“Este asunto huele muy mal y creemos que una concejala que cobra 65 mil euros al año de todos los esteponeros debe ofrecer explicaciones de manera inmediata y si se confirman las denuncias que nos trasladan muchos vecinos debe dimitir de manera inmediata tal y como ya hicieron con anterioridad Alfonso Caravaca y Susana Arahuetes. Caso de que siga aferrándose a su sillón la responsabilidad será extensiva al alcalde que la protege, ampara y respalda con su silencio”, manifiestan. |
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