El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), firmó el pasado día ocho de agosto un decreto por el que “inicia el procedimiento de modificación del contrato de servicios de salvamento y socorrismo consistente en implantar en las playas del Saladillo el servicio” lo que supone “una clarísima improvisación que denota que no se han hecho las cosas bien”, asegura la Plataforma 176 y más. El colectivo, que aglutina a los empleados públicos despedidos por el PP en el Ayuntamiento de Estepona, asegura no entender cómo el Ayuntamiento “premia, mediante la ampliación del contrato a una empresa que ha venido dando muestras claras de flagrantes incumplimientos del convenio que firmó hace meses con el propio Ayuntamiento”.
“Queremos hacer dos reflexiones. La primera de ella es que cuando el verano está a punto de terminar es cuando el equipo de gobierno del PP se da cuenta de que las playas del Saladillo también necesitan socorristas. La segunda de ella es que resulta sorprendente que una empresa que incumple lo que acuerda y que maltrata a sus empleados siga contando con el beneplácito del Ayuntamiento”, aseguran.