El Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado en diciembre de 2006 establece en el artículo 23.2, dentro del capítulo de prestaciones sociales, un mandato claro a los gobernantes de esta comunidad: "Todos los andaluces tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”.
Ocho años después de aprobarse esta norma fundamental el derecho a la renta básica no se ha hecho realidad. Al contrario, en Andalucía se contabilizan más de medio millón de habitantes en situación de grave exclusión social. Personas que no tienen otro horizonte que la miseria para ellos y sus familias. Con un gobierno en coalición de dos partidos que se dicen de izquierdas -PSOE e IU- la Junta carece de un instrumento adecuado para combatir la pobreza extrema, y su política social va a salto de mata, con proyectos parche que tapan necesidades puntualmente, pero no solucionan el problema de raíz ni garantizan una subsistencia digna y unas mínimas posibilidades de ascenso social.