La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a requerimiento del Ayuntamiento de Málaga, ha instado al Consistorio de Torremolinos, ambos gobernados por el PP, a cumplir la sentencia que le obliga a saldar la deuda de 16,8 millones de euros que mantiene con la capital por los servicios prestados durante la fase de la segregación de la antigua barriada en concepto de limpieza, recogida de basura y uso del vertedero hasta 1990.
"La lucha de estos dos ayuntamiento es tan rastrera como interesada, cuando deberían unir lazos y tenderse la mano uno al otro, al ser pueblos hermanos. Pero en esta guerra de pleitos los únicos que han salido perjudicados han sido los ciudadanos y ciudadanas de Torremolinos, que con sus impuestos han tenido que pagarle al alcalde Pedro Fernández Montes su séquito de abogados y recursos”, opina el candidato del Partido Andalucista a la alcaldía del municipio, Pepe Ávila.