-Historial detallado de los promotores, tanto en España, como en el exterior.
-Empleo a crear durante la construcción y en funcionamiento, tanto directo como indirecto.
-Empleo que será destruido en el municipio como daño colateral.
-Procedencia territorial de la mano de obra: tanto en la construcción, como durante el funcionamiento del centro comercial. Y la procedencia en su contratación.
-Plan de Negocios.
-Financiación del proyecto: inversiones detalladas, capitales propios, pre-financiación de usuarios y ayudas públicas.
-Gestión del macro-centro: propia y por concesiones a terceros.
-Todas las aportaciones y contrapartidas públicas.
-Plan de Viabilidad: Compromisos documentados de empresas comerciales con el promotor.
-Re-inversiones del grupo promotor en el municipio.
- Convenios y compromisos adquiridos por el Ayuntamiento.
-Plan de sectorización e instrumento de planeamiento de desarrollo al que hace referencia la concejala de urbanismo Maribel Tocón en su intervención del último pleno.
- Indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Ayuntamiento en caso de que finalmente el centro comercial no se instalara en el municipio.

Se solicitará igualmente un estudio medioambiental avalado por organismo público externo.

En este mismo sentido, el portavoz, José Piña, continúa: “ Los ciudadanos ya no queremos que se nos trate como a tontos. El tiempo de gobernar de espaldas a la ciudadanía ha acabado. No nos vale con la información que ofrecen los promotores del proyecto, ni que vengan a vendernos la moto. Somos suficientemente adultas como para poder hacernos nuestra propia opinión, y para eso es necesario tener el máximo de información pública al respecto”.

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