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CSSP-PODEMOS Marbella presenta una propuesta para impedir contrataciones con empresarios y asesores con cuentas en paraísos fiscales
Costa del Sol Sí Puede Torremolinos. 25.05.16 
También se publicarán los países donde los concejales tienen negocios, para que salgan a la luz de una vez y no dependa de sucesivas filtraciones envueltas en rumorologías.
A CSSP-PODEMOS le preocupa los recientes casos que han relacionado a concejales y cargos públicos del Ayuntamiento con empresas y negocios en países de dudosa fiscalidad. Estos hechos hacen que la gente se siente menos representada por sus políticos y sienta un distanciamiento hacia la política en general. Todas estas noticias restan salud democrática a España en general y al municipio de Marbella en particular. 
El reciente pasado municipal exige que en este Ayuntamiento haya que ser más cuidadosos si cabe en la tarea de regenerar la política.
El grupo formado por los concejales Kata Núñez y Victoria Mendiola, miembros a su vez del consejo ciudadano de PODEMOS, ha presentado una propuesta para ser debatida en el pleno del próximo viernes en la que se recogen dos puntos:
•    La necesidad de declarar, por parte de todos los concejales, asesores y directores generales, las cuentas bancarias y participaciones en empresas ajenas a España. De este modo, no dependerá de que salgan a la luz dichas noticias, siempre envueltas en rumores e informaciones contradictorias, sino que todos los vecinos podrán consultar en todo momento los países ajenos a España en los que nuestros políticos tengan algún interés.
•    La imposibilidad de contratar, mediante contrato menor o negociado, a empresas o autónomos que posean cuentas y participaciones en empresas radicadas en paraísos fiscales, para lo cual tendrán que presentar una declaración jurada. Con esto se conseguiría que solo pudieran prestar servicio al Ayuntamiento aquellas personas o empresas cuyas cuentas y fiscalidad fueran totalmente transparentes.
"Una prueba que demuestra al servicio de quién se hacen las leyes es que la actual legislación española no recoge ninguna obligación al respecto, si bien, afortunadamente, tampoco lo prohíben, por lo cual es una cuestión de adoptar el compromiso político. En contratos menores un ayuntamiento contrata libremente a quien quiere y puede elegir sus criterios. De hecho, el ayuntamiento de Barcelona ha adoptado recientemente una medida similar" declaran en CSSP.
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