Un Ayuntamiento se debe a sus vecinos, sus intereses y sus necesidades, unas obligaciones que durante los veinte años de mayorías absolutas del Partido Popular en Torremolinos no han existido. Un ejemplo más del “favoritismo” y la anteposición de los beneficios empresariales es la situación que se vive en la avenida Carlota Alessandri, comprometida en todo su trazado por el aparcamiento, construido en 2002 y gestionado por una empresa privada.
Los retrasos acumulados en las obras y los años que estuvo cerrada esta arteria principal del municipio llevaron al cierre de los comercios existentes en la zona, una situación que además terminó afectando a los comercios de la costa debido a la eliminación de todos los aparcamientos públicos.
Y es que entre los compromisos adquiridos por el entonces equipo de Gobierno, cuyo concejal de Urbanismo era por aquel entonces Ramón del Cid, se recogía la instalación de bolardos “como medida de protección de las aceras”. Es evidente que la decisión correspondía a otros intereses, desde luego no relacionados con las necesidades de los habitantes de Torremolinos que, desde entonces, no solo se quedaron sin aparcamientos gratuitos sino que además fueron testigos de la degradación progresiva de este espacio.