Con el diagnóstico completo de la situación económica del Ayuntamiento que nos ha dejado la Auditoría y al margen de las “deficiencias”, “irregularidades” o “presuntos delitos” que se hayan podido cometer en la administración de los recursos públicos, es momento de que el Consistorio actúe con contundencia.
Con una deuda que sigue sin tener una cifra exacta pero que estiman superior a 200 millones de euros, esta es una de las cuestiones más graves y que más condiciona el avance del pueblo. Tanto la acumulada con la Seguridad Social como la que está pendiente con Málaga acarrean en intereses más de 27 millones, generados por los 60 millones en seguros sociales que se dejaron de pagar entre 2001 y 2012 y los 9,8 que arrastramos con la capital, unos intereses de la deuda que consideramos ilegítimos y que es responsabilidad de los que gobernaban y tenían conocimiento de ello.