Los resultados de la Auditoría de Cumplimiento de la Legalidad, unidos a los de la Auditoría contable, aportan argumentos suficientes para actuar contra la gestión realizada por el Partido Popular durante su última etapa de Gobierno. “Si estas conclusiones no acaban en los Juzgados, las auditorías no habrán servido para nada y se quedarán en el cajón”, reclama el portavoz del grupo municipal Costa del Sol Sí Puede, José Piña, que además adelanta que ambas ya están en manos de “nuestro gabinete jurídico”.
A las irregularidades contables se suman los errores de procedimiento administrativo de los que nos ha dado cuenta el Ayuntamiento a través de los medios de comunicación, esto es, contrataciones a dedo, fraccionamientos de contratos para evitar la publicidad, gastos y dietas sin justificar, etc. La petición de responsabilidades penales y administrativas debe ser una prioridad para los servicios jurídicos del Consistorio que tienen la obligación de defender los intereses de todos los vecinos y vecinas al margen de siglas políticas.