La bajada de impuestos, a la que se añade la anulación de las tasas deportivas, junto a saltarse la ley incumpliendo la regla de gasto, como advierte el Interventor, ha sido la materia prima que ha utilizado el equipo de gobierno para fabricar la cuartada inexcusable de la tasa de reposición cero para forzar la PRIVATIZACIÓN del Servicio de Parques y Jardines. Esta ha venido con un pan bajo el brazo para el equipo de gobierno, que olvidando su compromiso de incluir clausulas sociales en los concursos, que exijan un acceso al empleo en un servicio público, así lo preste una empresa privada, bajo el paraguas de los preceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, o que potencien la inclusión de sectores sociales desfavorecidos en la inserción laboral, como personas con diversidad funcional, de género y mujeres, favoreciendo una impronta electoralista a las PRIVATIZACIONES mediante cautivar el voto de quienes aspiran a un contrato. Igualmente sucede con el incremento presupuestario de las subvenciones, estas con el agravante de que están siendo concedidas al margen de la ley, cabiendo la posibilidad de que tengan que ser devuelta por a quienes son otorgadas, si un juzgado lo estimara en una sentencia, como está ocurrido.