Hace días saltaba la noticia de que el Ayuntamiento de Marbella se propone efectuar la compra de 15 pistolas tipo TASER, arma “no letal”, para evitar que aquellas personas que se salten las medidas de confinamiento o que, desoyendo las indicaciones de los agentes, vulneren la distancia social y pongan en peligro de contagio a la Policía Local o población en general, puedan ser reducidas e inmovilizadas si se consideran una amenaza.
Si bien, todos somos conscientes que, frente a esta emergencia sanitaria como la que se afronta con el COVID-19, virus altamente contagioso de muy rápida propagación, se obliga a toda la población a extremar las condiciones de distanciamiento social, apelando a la necesaria responsabilidad individual. Esta situación se hace más compleja cuando nos referimos a sectores de la sociedad de más extrema vulnerabilidad.
Sin embargo, lo que provoca cierto desconcierto es que, según las diversas fuentes publicadas y en el propio documento elaborado por el gobierno municipal, la adquisición de estas armas se fundamenta, principalmente, en que los agentes y cuerpo de la policía local de este Consistorio puedan utilizarlas para reducir a personas sin hogar o personas con alguna adicción, que, por sus circunstancias de vida, ya complejas y difíciles, son considerados foco para la propagación de dichos contagios.
Estos colectivos constituyen, ya en sí mismos, las personas más castigadas por la sociedad, rechazadas, estigmatizadas, apartadas y excluidas, siendo, además, desposeídas como ciudadanos y ciudadanas de derechos elementales.