El miércoles pasado, 5 de agosto, hacíamos una rueda de prensa en la que apoyábamos la posición del grupo municipalista de IU-Podemos-Comuns en la FEMP, es decir, compartíamos la abstención y la calificábamos de mal menor, a sabiendas de que favorecía que la FEMP aprobara el acuerdo con Hacienda sobre el superávit de las AALL.
En ese sentido, instábamos al alcalde de Mijas a promover la adhesión del Ayuntamiento al mismo.
Ese mismo día se publicaba el Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de agosto, de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales, de Hacienda que desarrolla el acuerdo y no tuvimos la oportunidad de estudiar y debatir su contenido, hecho que hemos realizado posteriormente, llevándonos la desagradable sorpresa de dos circunstancias singulares de importancia:
1º El RD-L establece en su artículo 3.2 que “El importe del principal del préstamo será amortizado por la Administración General del Estado en un plazo máximo de quince años, a partir de 2022”. Este dato incrementa en cinco años el acuerdo aprobado en la FEMP, que establecía la amortización en diez años.