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La Unión de Consumidores de Málaga, contra el nuevo decreto autonómico que regula las asociaciones de consumidores y usuarios | | Unión de Consumidores. Málaga. 11.04.14 | |  Málaga, 11 de abril de 2014. El nuevo texto autonómico que regulará el Régimen Jurídico y el Registro de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usuarias supondrá un claro perjuicio – empeorando todavía más la situación – para estas entidades, que verán eliminadas su independencia política, su pluralidad y la libertad de ejercicio. La nueva normativa cercenará a las organizaciones de consumidores y usuarios que no cumplan con sus requisitos y, aunque actualmente estén de alta en el registro, aplicarán el texto de forma retroactiva, lo que obligará a todas las asociaciones ya inscritas a realizarlo nuevamente, con el matiz de que esta nueva norma dejará fuera a la gran mayoría por exigir unos requisitos inalcanzables en los tiempos que corren, además de ‘impedir’ el acceso a nuevas asociaciones y federaciones de consumidores. | El Estatuto de Autonomía y la Constitución dan el poder a la Junta de Andalucía de regularizar y legislar en materia de defensa del Consumidor y Usuario, lo que les permite desarrollar una normativa a nivel regional que no coincide ni de cerca con la normativa nacional y que además limita la entrada de otras organizaciones, obstaculizando el pluralismo, la libre elección, el asociacionismo y la toma de decisiones de forma democrática y participativa.
Entre los puntos principales que recoge este proyecto de Decreto, cuyo último borrador es del 18 de marzo, destacan que las asociaciones dispongan de un fondo social integrado por las aportaciones de las personas asociadas y por el 15%, como mínimo, de los excedentes netos de cada ejercicio, destinado exclusivamente a la defensa, información, educación y formación de las personas asociadas, en materiasrelacionadas con el consumo. Se crearán así asociaciones ‘de primera’ y ‘de segunda’, limitando a estas últimas a que no podrán representar los intereses generales o colectivos, sino únicamente los de sus propios socios, al no cumplir los requisitos impuestos a las federaciones, que deberán contar con al menos cinco sedes en provincias distintas y tener como mínimo 7.500 socios que generen unas cuotas de 90.000 euros anuales.
En cuanto a las organizaciones ‘de primera categoría’, alguno de los requisitos para ser asociación ‘más representativa’ a nivel andaluz son:
- Estar inscritas en el Registro Público de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía;
- Que tengan representación como asociaciones en las ocho provincias andaluzas;
- Que dispongan como mínimo de 15.000 personas asociadas;
- Que recauden más de 180.000 euros de las cuotas de socios;
- Que deban realizar auditorías externas o de la Administración;
- Que pongan a disposición de la Administración el 15% de los fondos recaudados de las cuotas de los socios para realizar las actividades que la Consejería escoja.
Esa obligación de que, como mínimo, las asociaciones tengan 15.000 afiliados y recauden 180.000 € en cuotas de socios, incluso obligando a utilizar las cantidades de las cuotas de socios a realizar actividades concretas y que estarían auditadas, usurpará de forma concreta la labor independiente de las organizaciones de consumidores utilizando recursos propios con fines impuestos y para que las asociaciones realicemos el trabajo que debería realizar la administración pública.
La Consejería que preside actualmente Diego Valderas apoya a la organización de consumidores afín a sus ideologías políticas, ya que esta (FACUA) sería la única que podría hablar en nombre de todos los andaluces y andaluzas, controlando el movimiento de consumidores y usuarios a sus propios intereses, atacando la imparcialidad y la legitima defensa de los colectivos ciudadanos.
La administración pública se saltaría ‘a la torera’ la Ley de Protección de Datos realizando auditorias de los afiliados a las asociaciones de consumidores con el fin de controlar a organizaciones sin ánimo de lucro que no buscan otra cosa más que la protección, formación y representación, entre otras, de las personas consumidoras y usuarias de Andalucía.
Puntos negativos
De esta manera, desde la Unión de Consumidores de Málaga nos posicionamos contra el nuevo texto, que:
- Aunque indique que el decreto se ha elaborado cumpliendo el trámite de audiencia, realmente no ha tenido en cuenta a los organismos provinciales que participan en el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, como esnuestra organización y al no ser enviado el borrador definitivo para presentar alegaciones, según recoge el art. 34 de la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía:
“Las organizaciones o asociaciones de consumidores y usuarios radicadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía habrán de ser oídas en procedimiento de elaboración de las disposiciones de carácter general de la Junta de Andalucía relativas a materias que afecten directamente a los consumidores…”
- El texto se publique a través de decreto y no como normativa del Parlamento Andaluz. Además, se burlan de las asociaciones y los usuarios indicando que el documento se ha elaborado según los principios del I Pacto Andaluz por la Garantía de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Una de las justificaciones para sacar este ‘decretazo’ es supuestamente adaptarse a la realidad actual de las asociaciones de consumidores, hecho, a tenor del documento, totalmente falso.
- El documento se haya elaborado a imagen y semejanza de una organización de consumidores afín a la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, siendo la única que cumpla con los requisitos establecidos. En este caso, dicha Consejería, actualmente dirigida por Izquierda Unida, quiere exigir requisitos a organizaciones de consumidores que ni siquiera ellos como partido político llegan a cumplir, favoreciendo claramente a la única organización de consumidores cercana a sus políticas y de las cuales 7 de los 8 presidentes provinciales son afiliados y en algunos casos han sido representantes políticos de Izquierda Unida en Andalucía. Además, gracias al apoyo de la administración andaluza han percibido un mayor número de subvenciones en detrimento de las demás asociaciones, que intentan, como derecho que es, representar legalmente los intereses de los consumidores y usuarios en Andalucía.
- El decreto exija a las asociaciones de consumidores más ingresos y afiliados que a los propios partidos políticos del Gobierno Andaluz. Se defiende así de los políticos de turno y de las políticas que ni siquiera aplican en sus propios partidos, a los cuales no se les exigen ni tan siquiera un número de socios para ser partido político. Es más, algunos partidos políticos que no llegan ni a 6.000 afiliados (menos de la mitad que les exigen a las futuras organizaciones de consumidores “más representativas”) están gobernando a los casi 8 millones y medio de andaluces y andaluzas, y se dan el lujo de hablar en nombre de los 46 millones de españoles, un claro atropello que deja de manifiesto la mala gestión y la política de “por imposición” que están aplicando y que solo quieren favorecer a unos a favor de minorías ideológicas.
- Vulnera la legitimidad nacional, ya que muchas asociaciones pueden ser reconocidas como tal a nivel nacional y no a nivel autonómico.
- Quedarán eliminadas la pluralidad y la independencia política de estas organizaciones y de sus asociados. La participación no será libre y conllevará
su sometimiento, con lo que serán cuestionadas por la opinión pública. El impedimento de la libertad de ejercicio de las asociaciones de consumidores.
Contencioso
Queremos recordar, como ejemplo añadido de la situación a la que se enfrentan algunas asociaciones de consumidores como la nuestra, que en la actualidad nuestra organización a nivel regional tiene dos contenciosos y nosotros provincialmente tres contenciosos unidos en uno, con el siguiente motivo: por un fallo informático en la plataforma de la Junta de Andalucía “desaparece un documento” de reformulación que nos obliga a devolver una cantidad excesiva con intereses de un dinero NO RECIBIDO de una subvención justificada totalmente. En conclusión, la Administración pública recauda de las Organizaciones de Consumidores y Usuarios sin ánimo de lucro y, como en nuestro caso, declarada de Utilidad Pública. Igualmente es de dominio público que hay otras Organizaciones y Federaciones en Andalucía que tienen en la actualidad otras demandas judiciales contra la Administración citada. La nuestra en concreto se encuentra pendiente de juicio y remitida por la Sala de Málaga a Sevilla para su dictamen, no obstante nos obligan a pagar sin sentencia aun.
Por todo ello, y ante la falta de imparcialidad, lógica y eficacia, solicitamos que retiren las competencias de Consumo a Izquierda Unida, cuya desafortunada gestión está provocando la asfixia económica de asociaciones como la nuestra, mermando la capacidad de defender los derechos de consumidores y usuarios con la máxima dedicación. Esta petición de amparo se trasladará al grupo popular y al grupo socialista para que velen por los derechos de las asociaciones. Como ejemplo de incoherencia, en pleno ordinario del Ayuntamiento de Málaga del día 21 de marzo de 2013 donde se aprobó por unanimidad una moción de todos los grupos políticos, incluido Izquierda Unida, en el que se instaba a la Junta de Andalucía a continuar con la tramitación del nuevo decreto de registro de asociaciones y organizaciones de consumidores de Andalucía que se ajuste a la normativa nacional en esta materia y que promueva la libertad de inscripción y participación asociativa, que actualmente de aplicarse el presente borrador no se realizaría de ninguna de las formas. No entendemos por qué Izquierda Unida aprueba una cosa en el Ayuntamiento de Málaga y después en la consejería que ellos dirigen realizan otra.
Independientemente de toda esta información la Unión de consumidores de Málaga denuncia que no se ha realizado el preceptivo trámite de audiencia previa, por lo que constitucionalmente y estatutariamente podría considerarse ilegal. El borrador definitivo se le ha comunicado solo y exclusivamente a las federaciones presentes en el Consejo de Consumidores y Usuarios de Andalucía, sin tener en cuenta que toda asociación de consumidores debe estar inscrita en el registro de asociaciones de consumidores en Andalucía, independientemente del carácter provincial o andaluz, en el caso de la Unión de Consumidores de Málaga, que es una asociación independiente (no una delegación) y que tiene el derecho legal de ser informada previamente y de presentar las alegaciones que correspondan ya que dicho cambio en el Registro de Asociaciones no solamente afecta a las federaciones, sino que también afecta a todas las asociaciones de consumidores que estén inscrita en la comunidad autónoma de Andalucía. A nuestra organización únicamente le llegó un primer borrador para presentar alegaciones hace más de un año, al principio de la elaboración del decreto.
Este cambio de registro, que se pretende hacer por decreto para evitar el trámite parlamentario, atenta contra los derechos democráticos al aprobar un decreto sectorialmente que afecta a todos los consumidores y usuarios en Andalucía, a contratiempo y sin ningún fin de debatirlo parlamentariamente para escuchar a los demás grupos políticos y mucho menos al resto de organizaciones de consumidores que llevamos trabajando por los ciudadanos más de 25 años, igualmente cuestionando la constitución y el Estatuto de autonomía de Andalucía al impedir el derecho al asociacionismo y a una defensa justa y en igualdad para todos/as. |
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