Como ya sucediera con la finalización del anterior estado de alarma, no hay previsión de dar cumplimiento a las concesiones públicas y de que vuelva la normalidad en el servicio de transporte colectivo, con lo que eso supone para multitud de personas que están siendo expulsadas del uso del transporte público y para toda la población por el fomento de emisiones de CO2 a la atmosfera al potenciar el uso del vehículo privado y el abandono del medio rural. 

Eliminación de frecuencias, cierre de puntos de atención al público, horarios intempestivos, incumplimientos de Convenio Colectivo... son algunas de las actuaciones de la patronal del transporte por carretera en Andalucía que  está aprovechando la coyuntura para hacer caja al no prestar los servicios contemplados en las concesiones mientras mantiene en la incertidumbre a multitud de trabajadores/as acogidos a ERTE y con un futuro incierto.

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