​Esta actuación no ha sido solitaria. El Defensor del Pueblo Andaluz ha intervenido activamente en el expediente (Q25/12900), coordinando esfuerzos con la administración municipal para dar luz a un conflicto que, por su naturaleza, ha terminado en manos de la justicia. La implicación directa del alcalde subraya la gravedad de un caso que ya no solo afecta a un particular, sino que pone en entredicho la confianza en los registros públicos.
​¿Un peligro para los vecinos?
​La pregunta que recorre las calles de Alhaurín es inevitable: ¿Podría pasarle a cualquiera? Expertos legales advierten que esta "nueva técnica" de los estafadores —basada en generar títulos de propiedad paralelos para eludir cargas hipotecarias y vender fincas que ya tienen dueño legítimo— representa un peligro frontal para la paz social.
​El hecho de que propiedades con hipotecas vigentes puedan aparecer "libres de cargas" en nuevas escrituras ficticias ha despertado una curiosidad justificada entre los vecinos, quienes comienzan a revisar sus documentos en las notarías locales ante el temor de una inseguridad jurídica sistémica.
​El coste político y judicial
​Con el caso ya en el Juzgado de Instrucción nº 7 de Málaga, el escándalo mediático está servido. La valentía institucional del alcalde Villanova al no silenciar el problema, sino al darle cauce público junto al Defensor del Pueblo, marca un antes y un después en la protección del ciudadano frente a las mafias inmobiliarias.
​Sin embargo, el calado de este fraude plantea un reto: ¿Es suficiente la respuesta actual o estamos ante la punta del iceberg de un fraude de alto coste político para las administraciones tributarias y registrales?.
​Por ahora, Alhaurín de la Torre observa con atención cómo la justicia desentraña una maraña de documentos que nunca debieron existir, mientras el Ayuntamiento se reafirma en su compromiso de no tolerar que el municipio sea escenario de tales abusos.

Alonso Morales Sedeño