La nueva negativa del Congreso a convalidar la moratoria antidesahucios deja a miles de familias vulnerables ante una emergencia habitacional evitable
Las organizaciones denuncian que los más de 70.000 desahucios que se reactivarán a partir de ahora serán consecuencia de esta nueva decisión política
Desde hoy 70.000 familias vulnerables más en todo el país vuelven a estar en peligro de enfrentarse a un desahucio sin alternativa habitacional. El Congreso ha votado hoy en contra de la convalidación del Real Decreto, aprobado por el Gobierno en febrero, para prorrogar la moratoria de desahucios de personas y familias vulnerables.
Las formaciones políticas que se han opuesto a esta medida de mínimos han sido Partido Popular, Vox, Junts per Catalunya y UPN.
Desde las organizaciones sociales de la plataforma #NiUnDesahucioMás denunciamos que no estamos ante un debate técnico o coyuntural: estamos ante una decisión política con consecuencias sociales directas y previsibles. Estas cuatro formaciones han votado hoy a favor de que aumenten los desahucios de familias vulnerables, basándose en bulos sobre la ocupación ampliamente desmentidos y sin apoyo en datos reales.
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La finalización de la moratoria, unida a la ausencia de medidas preventivas como la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento que vencen en los próximos meses , abre la puerta a una nueva ola de desahucios perfectamente evitable , en un contexto marcado por el encarecimiento extremo del alquiler, la falta de vivienda pública, asequible y social más el colapso de los sistemas de protección social y habitacional.
Resulta inaceptable que, en una situación de emergencia social ampliamente diagnosticada , se deje caer un instrumento mínimo de contención sin ofrecer ninguna alternativa real. La moratoria antidesahucios no resolvía el problema estructural de la vivienda, pero evitaba un daño inmediato, masivo y conocido . Retirarla sin sustituirla por otra medida equivale a asumir como inevitable la expulsión residencial de miles de personas.
En definitiva, estos cuatro partidos (PP – VOX- JUNTS – UPN) se alinean y adoptan un pacto implícito con los postulados que entienden la protección social como un vestigio a erradicar y que trabaja en contra del derecho a la vivienda reconocido en los tratados de Derechos Humanos.
Señalamos también la responsabilidad del Gobierno de España , que en estos 6 años que ha durado el escudo social ha sido incapaz de garantizar la continuidad de una protección esencial y de articular una respuesta eficaz ante una realidad que las propias instituciones reconocen como crítica.
Medidas de mínimos
Para las organizaciones sociales la prioridad es no dejar a las familias en la calle. Exigimos al Gobierno:
1.- A probar urgentemente medidas efectivas que den cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos residenciales, ampliando la protección a las familias vulnerables. Además, el ejecutivo tiene que trabajar con los apoyos necesarios para sacar adelante esta medida con garantías.
2.- Movilización de fondos del Plan Estatal de Vivienda , el despliegue del tanteo y retracto para movilizar viviendas privadas en manos de grandes tenedores y la puesta a disposición de las viviendas de la SAREB , especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión.
3.- La prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler en vigor como medida preventiva indispensable para frenar nuevos procesos de expulsión residencial.
Asimismo, exigimos al poder judicial:
Decisiones judiciales que cumplan con las obligaciones internacionales y suspendan desahucios sin alternativa habitacional en situaciones de vulnerabilidad.
Y a la Fiscalía:
Actuación proactiva en los casos donde haya situaciones de vulnerabilidad emitiendo un informe favorable a la suspensión de los desalojos sin alternativa habitacional.
Estas medidas son de mínimos para contener la emergencia social creciente y la inminente destrucción de hogares, familias, vecindarios y comunidades como consecuencia de la caída de la moratoria.
Cada desahucio que se produzca a partir de ahora no será una consecuencia inevitable del mercado, sino el resultado directo de decisiones políticas concretas . Las organizaciones sociales no permitiremos que se normalice esta situación ni aceptaremos que se traslade a las personas más vulnerables el coste de la inacción institucional .
Seguiremos denunciando y exigiendo responsabilidades por todos los medios mientras acompañamos y apoyamos la organización de la resistencia de todas las personas afectadas. |
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