La corrupción en España no es liberalismo, es la interpretación ponzoñosa que hace de él nuestra clase política, esa que viene de la prepotencia franquista, o como lo define Suso de Toro en eldiario.es “la derecha española no tiene la cultura política de las derechas clásicas liberales o demócrata cristianas europeas sino que procede directamente del franquismo y encarna el descaro de los vencedores de la Guerra Civil”. Como ha quedado demostrado por los dirigentes y secundarios del partido gobernante, evitando condenar aquel salvaje aniquilamiento de libertades, se disfrazándose de liberales, pero la toxicidad que emana de su ponzoña raíz es tan venenosa que han convertido el liberalismo clásico en corrupción, como todo lo que tocan, traicionando el espíritu liberal al tergiversar el liberalismo, ese movimiento político que surgió a finales del siglo XVII y atribuido al filósofo inglés John Locke (1632-1704), una corriente política que se oponía a la monarquía absoluta y el sistema feudal, luchando a favor de un estado laico y democrático, donde todos los individuos, independiente de su procedencia, edad, sexo, clase social o religión, disfrutaban los mismos derechos y las mismas libertades, ideario importante en 1668 con la revolución gloriosa inglesa, en 1775 con la guerra de independencia de EEUU o en 1793 con la revolución francesa, todas ellas para sustituir los privilegios hereditarios por un sistema de meritocracia, independencia o bienestar Social.

“Es un ataque a la autonomía municipal, a los servicios públicos y a la ciudadanía”, denuncian los socialistas
El secretario de Política Institucional del PSOE de Andalucía, Francisco Conejo, ha demandado hoy al Gobierno de Rajoy que deje de criminalizar a los ayuntamientos y de amenazar con cerrar empresas municipales. En una visita a obras del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) en Los Romanes, pedanía de La Viñuela, ha dicho que los socialistas andaluces “no podemos estar más en contra” de la decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de instar a los ayuntamientos por carta al cierre de empresas públicas deficitarias. “No es otra cosa que un nuevo ataque del PP al municipalismo español y andaluz”, ha añadido. Según Conejo, “el PP ha aprovechado el mes de agosto para intentar asestar un nuevo golpe a la autonomía local de nuestros ayuntamientos”. “No les importa que el Gobierno esté en funciones. Tampoco que esta medida que amenazan con aplicar ahora se recoja dentro de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la conocida como ley de la reforma local, que está recurrida en el Tribunal Constitucional por más de 3.000 ayuntamientos y que además ha sufrido modificaciones en aspectos sustanciales en dos sentencias del propio Tribunal Constitucional”, ha explicado.