Hace pocas semanas pudimos leer una noticia que, aun siendo irrelevante para la inmensa mayoría de la sociedad (de hecho pasó absolutamente desapercibida hasta el punto de ser casi imposible encontrar referencias en la red), a mí me parece interesante. Supimos que Equo, el partido ecologista por excelencia en España, rechazó en su asamblea del mes de noviembre la defensa del "decrecimiento" (1) como necesario en su ideario para superar la manifiesta incompatibilidad del sistema capitalista con la sostenibilidad real (no confundir con el manido concepto de sostenibilidad que se ha generalizado últimamente y que está vacío de contenido). Y me pareció interesante pues este significativo rechazo nos permite hacer una reflexión, ahora que una coalición de centro izquierda está a punto de gobernar España, acerca de las bases ideológicas de la Ecología Política, su integración en las corrientes de izquierda y hasta la propia división de izquierda y derecha, cuestionada, por ejemplo, además de por el liberalismo, desde  el propio ecologismo.

Por Abel Ros.- La eficacia de un Estado de Derecho depende, en último término, del cumplimiento de sus leyes. Las leyes, como saben, tienen color político; unas son más liberales y otras más socialdemócratas. El ordenamiento jurídico surge de la aritmética parlamentaria y esta, a su vez, de la soberanía popular. De tal modo que las leyes, una vez aprobadas, deben contar con mecanismos que garanticen su obediencia. Podemos, faltaría más, criticar el contenido de las mismas. Podemos quejarnos en las plazas y solicitar su derogación. Podemos cambiar el sino de las mayorías parlamentarias por medio de las urnas. Pero, amigas y amigos, de lo que no estamos exentos es de prestar obediencia al contrato social. Por ello, cualquier oveja que se salga de la senda debe ser llamada al orden. Debe ser devuelta al rebaño y, si no es así, por la rebeldía de la misma, establecer su merecido castigo. Así las cosas, sentencias como las de Torra y Junqueras, por ejemplo, deben ser acatadas o recurridas pero nunca desobedecidas.Ampliar en El Rincón de la Crítica

La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, destaca que a 31 de diciembre el servicio atiende a 37.707 personas de la provincia
Ruiz, ha informado hoy que el Servicio Andaluz de Teleasistencia (SAT) gestionó el año pasado más de un millón de llamadas (1.053.567) de personas mayores y en situación de dependencia de la provincia de Málaga.
Además, Ruiz ha informado que, a 31 de diciembre de 2019, esta prestación ha atendido a 37.707 personas de la provincia de Málaga, de las que el 80% son mujeres y el 20% hombres. Por colectivos, el 38,5% son personas en situación de dependencia, el 60,8% personas mayores y el 0,7 personas con discapacidad. A su vez, el 66% de las personas usuarias tiene más de 80 años y para el 67% el servicio es gratuito.
La responsable de las políticas sociales en Andalucía ha subrayado que a nivel regional, el SAT atiende a más de 233.000 personas y ha gestionado una media de 16.000 llamadas diarias durante 2019, lo que supone que ha superado los 5,7 millones de llamadas anuales (5.741.325). El presupuesto para 2020 está dotado con 31 millones de euros, con la previsión de atender a unas 250.000 personas.

•La plataforma de ONG Polétika considera que el acuerdo PSOE-UP contribuirá a una sociedad más justa y sostenible
•Valoración positiva de las medidas fiscales y contra la precariedad laboral, entre otras
03/01/2020. Organizaciones sociales y no gubernamentales valoran positivamente las medidas de empleo, protección social y fiscalidad que contiene el pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Consideran que, de cumplirse, el pacto contribuirá a reducir notablemente la creciente brecha entre ricos y pobres en España, pero exigen a Pedro Sánchez que, durante la investidura, anuncie medidas adicionales y concrete con detalle las que ya figuran en el pacto.
Las organizaciones, agrupadas en la plataforma Poletika, insisten en que, para saber si el cambio de discurso lleva aparejado un cambio real, habrá que esperar a conocer detalles de cada una de las medidas, ver cómo quedan dibujadas tras su trámite parlamentario y, sobre todo, saber cómo se reflejan en los Presupuestos Generales del Estado.