Los ayuntamientos de la sierra de las nieves suspenden las ferias y eventos multitudinarios durante los meses de julio y agosto, como medida preventiva ante la situación de pandemia de covid-19.
Los ayuntamientos de Alozaina, Casarabonela, El Burgo, Guaro, Istán, Monda, Ojén, Tolox y Yunquera, integrados en la Mancomunidad de Municipios Sierra de las Nieves, reunidos hoy 24 de junio, han acordado de forma coordinada suspender, con efecto hasta el próximo día 31 de agosto del presente año, todas las ferias y eventos festivos multitudinarios organizados por los propios ayuntamientos en los que no se pueda garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas ante el contagio de COVID-19.
Así mismo, se ha acordado que, en función de la evolución de la pandemia y los posibles rebrotes de contagio, se realizará un continuo seguimiento y se evaluará más adelante la celebración de los eventos que pudieran programarse para meses posteriores a la fecha indicada.

El C.E.I.P. Ximénez de Guzmán de Coín ha resultado finalista en la categoría Creciendo en Salud
La Fundación Caser, en colaboración con la Junta de Andalucía, convocó a finales de enero, la IV Edición de los Premios Vida Sana, cuyo objetivo es fomentar e impulsar desde las aulas acciones de promoción de la salud.
El concurso está destinado a los centros educativos sostenidos con fondos públicos participantes en el programa Hábitos de Vida Saludable de Andalucía, y que desarrollan en su plan de actuación la línea de intervención Estilos de Vida Saludable.
El I.E.S. Fuente Lucena de Alhaurín el Grande ha obtenido el premio Vida sana en la modalidad Forma Joven en el Ámbito Educativo, dotado con 4.000 euros, por el trabajo “La felicidad radica, ante todo, en la salud”, mientras que el C.E.I.P. Ximénez de Guzmán de Coín ha resultado finalista autonómico en la modalidad Creciendo en Salud, con una dotación de 800 euros por “Unas veces se gana y otras se pierde”.

Tras el impacto sanitario, social y económico sufrido a causa de la pandemia de la COVID-19, el Congreso de los Diputados ha puesto en marcha una Comisión para la Reconstrucción Social y Económica. En ella comparecen diferentes responsables políticos y expertos en diversas materias a petición de los grupos políticos que conforman el Parlamento.
Hace unos días asistía a esta comisión la ministra de Igualdad, Irene Montero, y ponía sobre la mesa algo en lo que todas y todos hemos pensado estos meses y que es fundamental blindar en cualquier sociedad democrática y que aspire a la libertad plena de sus individuos: los cuidados. En este sentido, el Ministerio de Igualdad ha propuesto el diseño de un robusto sistema estatal de cuidados construido desde lo público y en colaboración y coordinación con todas las Administraciones, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Un pacto por los cuidados que implique no solo a las fuerzas políticas y a las Cortes Generales, sino también a la sociedad civil, que desde hace décadas y durante estas semanas ha ido marcando el camino y proponiendo soluciones para abordar la crisis, y que agru pa a las personas, particularmente mujeres, que hoy en día sostienen cotidianamente los cuidados. Su voz es fundamental para el diseño de políticas públicas que nuestro país requiere.

El portavoz socialista en la Diputación de Málaga y presidente del PSOE de Málaga, José Bernal, ha acusado al PP de provocar inestabilidad en la institución provincial con la entrada en el gobierno del diputado no adscrito Juan Cassá. Bernal ha calificado el pleno extraordinario para aprobar la entrada en el gobierno y el sueldo de Cassá de "indecencia" por la forma y por el fondo.
"Es el pleno de la indecencia, que se constituye sólo y exclusivamente para asignar un sueldo a una persona mientras el resto de los malagueños y malagueñas lo están pasando mal", ha asegurado Bernal, que ha coincidido con el propio vicepresidente de la Diputación y portavoz de Ciudadanos, Juan Carlos Maldonado, en calificar el pleno celebrado de "escándalo".  
"Es un pleno donde hay un galimatías de números, de sueldos, y una estructura que cambia para que no cambie nada, y poder justificar así el cambio de un sueldo", ha afirmado. Bernal ha recordado que el presidente de la Diputación, Francisco Salado, anunció que el acuerdo para que Cassá entrara en el gobierno "era un acuerdo para la estabilidad de la Diputación y de la provincia".

El coronavirus todavía no ha sido vencido. Los 14 rebrotes en el territorio español pueden ser la punta del iceberg. Con un cinco por ciento de prevalencia o de supuesta inmunidad de toda la población parece que no es para echar las campanas al vuelo. O se extrema la prudencia, por parte de todos, o podemos volver al confinamiento en unos meses. Esperemos que no, pero nadie lo puede asegurar.
El Gobierno se plantea decretar el estado de alarma por territorios, si los rebrotes se descontrolan. Algunos dicen  que se debería confinar  a los que no usan la mascarilla obligatoria o que no se la ponen correctamente. Puede parecer excesivo, pero se trata de evitar una segunda oleada que parece probable, tal como van las cosas. Si a esto se unen los casos importados de Brasil, Bolivia y otros países es pensable que la situación se descontrole mucho en los dos próximos meses de verano.
El control de los aeropuertos debe ser más riguroso de lo que ya es. La libertad de movimientos por los países europeos supone riesgos evidentes de contagios por el coronavirus. Si aumenta mucho el número de vuelos diarios en Barajas de 100 a unos 1.200 la cantidad de turistas o viajeros a controlar hará muy difícil  que no nos veamos afectados por muchas personas contagiadas que difundan más el COVID-19 por España. No ha acabado todo. Y no sirve de nada quejarse, si vuelve a haber confinamientos en determinados territorios, por la falta de prudencia de una parte  considerable de la población.  El sentido común parece que ha sido puesto entre paréntesis. Los más de 40.000 muertos en España nos recuerdan lo que puede volver a pasar en unos meses.

En la mañana de ayer tuvo lugar en el Conjunto Monumental de la Alhambra y el Generalife de Granada, la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
► Informe relativo a las inversiones en la ciudad de Granada correspondientes al Plan Alhambra
► Informe referente al Plan de Reactivación Económica de Infraestructuras Hidráulicas en la provincia de Granada
► Informe sobre la segunda Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria en Granada y acerca del avance en la calidad de infraestructuras y servicios
► Informe de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio sobre las próximas actuaciones en Granada
► Acuerdo sobre los trámites para construir la infraestructura ‘International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source’
► Informe sobre los efectos en la calidad del aire de Andalucía de las medidas adoptadas contra el Covid-19, con especial referencia a Granada
► Proyecto de Ley de Reconocimiento de Autoridad del Profesorado
► Acuerdo por el que se autoriza la contratación de comedor escolar y Programa de refuerzo en alimentación infantil por 46,8 millones de euros
► Acuerdo por el que se fijan los precios públicos de las Enseñanzas Artísticas Superiores de Danza, de Diseño y de Música para el curso 2020/21

Ya es de conocimiento colectivo que la pandemia del Covid-19 y su obligada respuesta del confinamiento han provocado una nueva crisis económica y social en el mundo y en España. Oxfam Intermón, ningún partido político ni ninguna institución con intereses de poder, ha cuantificado en 700.000 el número de nuevas personas pobres en España mientras 23.000 millonarios han aumentado sus fortunas en 19.200 millones de euros durante los 80 días que ha durado el estado de alarma. Y con toda su inocencia ha pedido, entre otras medidas, por ejemplo, aplicar una fiscalidad progresiva. Porque la desigualdad en España se puede multiplicar por ocho, en otras palabras, que los que menos tienen perderían ocho veces más dinero del que tienen los más ricos.
Por ello, Oxfam Intermon dice: “una reconstrucción justa y necesaria es posible”. Es decir, que en España mejore en la recaudación de sus impuestos, básicamente gravando a las grandes fortunas, y recuerda que la recaudación fiscal sigue cuatro puntos por debajo de la media de los países de la Unión Europea. Y proponen crear un impuesto temporal que grave los beneficios empresariales extraordinarios, y de forma permanente reformar los impuestos de patrimonio, del IRPF y del impuesto de sociedades. De esta forma, consideran que podrían aflorar 10.000 millones de euros más, con los que el Estado debería invertir en protección social, residencias, educación y sanidad. Lo importante es que coincide con lo planteado por Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) en la comisión de reconstrucción del Congreso. Redistribuir la riqueza es la clave.

La aplicación policial de las medidas de confinamiento por la COVID-19 en toda Europa ha afectado desproporcionadamente a las minorías étnicas y los grupos marginados, que han sufrido actos de violencia, controles de identidad discriminatorios, cuarentenas forzosas y multas. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un nuevo informe.
Actuación policial durante la pandemia abarca 12 países europeos y pone al descubierto una inquietante tendencia a los prejuicios raciales relacionada con la preocupación por el racismo institucional presente en las fuerzas policiales. El informe refleja asimismo otros motivos de preocupación más generales planteados en las protestas del movimiento “Black Lives Matter” (La vida de las personas negras importa).
“La violencia policial y la preocupación por el racismo institucional no son cuestiones nuevas, pero la pandemia de COVID-19 y la aplicación coercitiva de las consiguientes medidas de confinamiento han sacado a la luz su grado de extensión”, ha afirmado Marco Perolini, investigador de Amnistía Internacional sobre Europa Occidental. “Europa debe abordar urgentemente la triple amenaza de la discriminación, el uso ilegítimo de la fuerza y la impunidad policial.”