“Garantizar unas cadenas de suministro de baterías limpias y verdes debe ser una prioridad para las empresas y los gobiernos durante la recuperación postpandemia”, ha declarado hoy Amnistía Internacional. La organización ha publicado un conjunto de principios destinados a garantizar que las baterías de ion-litio con las que funcionan los vehículos eléctricos y muchos dispositivos electrónicos y que son esenciales para abordar el cambio climático, no estén ligadas a abusos contra los derechos humanos o daños medioambientales.
Investigaciones anteriores de Amnistía han puesto de manifiesto que el cobalto extraído por menores en la República Democrática del Congo podría estar entrando en las cadenas de suministro de algunas de las principales marcas de electrónica y vehículos eléctricos del mundo, mientras, en América del Sur, los datos indican que la extracción de litio pone en peligro los recursos hídricos y los frágiles ecosistemas de los pueblos indígenas. Mientras tanto, la demanda creciente de tecnologías para baterías “verdes” conlleva nuevos riesgos para el medio ambiente, como la contaminación de las zonas mineras, daños en el lecho marino y una cantidad de residuos cada vez mayor debido a un diseño ineficiente.

Abay Analistas ha elaborado el estudio económico de 117 medidas propuestas por la organización ecologista internacional para poner a España en la senda de un Green New Deal transformador
La inversión a realizar, equivalente al 4,8% del PIB, se financiaría casi a partes iguales por el sector público y privado
El modelo prevé un rápido avance hacia la descarbonización del sistema energético y su transformación hacia uno más verde, justo e igualitario.
Los fondos europeos suponen una oportunidad única para transformar el sistema, pero Greenpeace recuerda que no se puede hacer a espaldas de la sociedad civil
Greenpeace ha presentado hoy en el Nueva Economía Fórum Tendencias el informe Darle la vuelta al sistema: Un 4,8% del PIB para entrar en números verdes, elaborado por la consultora Abay Analistas para Greenpeace, que revela que una inversión de 197.000 millones de euros en los próximos cuatro años (equivalente al 4,8% del PIB) permitiría poner en marcha un paquete de 117 medidas para recuperar y transformar el país en clave verde y justa. Estas medidas a la vez que facilitan el mantenimiento o la creación de empleo y la protección social, supondrían un firme impulso para luchar contra la emergencia climática y la pérdida de biodiversidad, que ayudaría a construir una sociedad más resiliente.

Cruz Roja Española repartirá 15,5 millones de kilos de alimentos a 757.200 personas vulnerables en todo el territorio nacional. Se enmarca en un programa cofinanciado en un 85% por el Fondo de Ayuda Europea a las personas más desfavorecidas (FEAD) y en un 15% por el presupuesto nacional.
Cruz Roja desarrolla además otras iniciativas para facilitar la adquisición de productos alimentarios como las ‘tarjetas monedero’ en colaboración conadministraciones locales y empresas como Carrefour o Maskom

.      Recortes Cero, como organización fundadora de la Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones en la Constitución (MERP) lleva, como primer punto de su programa el blindaje del sistema público de pensiones en la Constitución.
·      La Coalición, que lleva esta exigencia en su candidatura, se opone a cualquier forma de recorte y privatización de las pensiones públicas actuales y futuras.
·      Representantes de la candidatura denuncia que la Generalitat promueva las pensiones privadas en los libros de texto.
·      Propone, entre otras medidas, que se instaure un complemento autonómico para que ningún pensionista cobre menos de 1.000 €.
La portavoz, y candidata a la Generalitat de Catalunya, Nuria Suárez, recuerda que la coalición Recortes Cero – Grup Verd – Municipalistes asume, en su alternativa, la propuesta de la MERP para que las pensiones públicas “estén reconocidas como un derecho fundamental”. Y subraya que lo que se propone es una reforma en la Constitución que “incluya la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el Sistema Público de Pensiones y que disminuya su poder adquisitivo”.

Desde hace meses, esta Unión de Consumidores de Málaga ha dejado clara su postura ante la gestión de la pandemia por parte de todas las Administraciones, reiterando la más que urgente necesidad de la toma de medidas extraordinarias y generales para poner freno - o al menos mitigar - los destrozos que la crisis por Covid-19 está generando a todos los niveles (sanitario, económico, social, etc.).
Uno de los mayores problemas de esta pandemia es no haber sabido equilibrar el binomio economía - salud, anteponiendo en muchos casos la primera a la segunda. Sin embargo, el error de base consiste en no comprender que, sin salud, no hay economía. Ni economía ni nada más. Una sociedad enferma (saturación de la Atención Primaria, retrasos en listas de espera, intervenciones y pruebas, enfermedades no diagnosticadas, etc.) es una sociedad que no genera ingresos o puestos de trabajo.
Hemos estado, estamos y continuamos equivocándonos. La sociedad no ve una respuesta adecuada al problema, encontrándose desorientada - e incluso abandonada - en muchos momentos. Incluso la gran cantidad de información ofrecida por los medios les es dicífil de asumir. Ninguna estrategia ha funcionado. Las autoridades civiles y sanitarias no han estado a la altura y han perdido la posibilidad de organizar y controlar la expansión del virus. Son ellos los que deben hacer su trabajo, no la población general. Se sabe cómo hacer, pero no se hace.