La Consejería que lidera Antonio Sanz hizo piarda y no compareció ante el SERCLA en el día de ayer dejando a su socio Ilunion Emergencias en solitario para que se encogiera de hombros una y otra vez, terminando sin avenencia la mediación y empujando a la huelga a la plantilla andaluza a partir de mañana 5 de diciembre.
Casualmente el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en el día de ayer, abordaba de modo urgente la prórroga del contrato a Ilunion Emergencias cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero, empujados por la conflictividad laboral que han generado al no incluir en ASEMA al personal del 112 Andalucía, como se recordará la nueva agencia de la Junta, ASEMA, tiene previsto comenzar a rodar el 1 de enero.

El seguimiento de la huelga es masivo teniendo íntegramente parada la producción.
Desde el comité de huelga se ha emplazado nuevamente, por escrito, a la empresa para mantener reunion de desbloqueo de la situación aunque la empresa del grupo Tuiper sigue cerrada al diálogo manteniendo un conflicto laboral que la plantilla no desea pero que va a mantener hasta que se cumpla la jornada de 1752 horas anuales prevista en el convenio colectivo alejándose de las imposiciones de 9 días de trabajo anuales a mayores que suponen minorar un tercio de las vacaciones correspondientes.

En Estados Unidos las muertes por sobredosis de drogas superan desde 2009 a las causadas por armas de fuego, accidentes de tráfico, suicidios y homicidios. La extensión del consumo de fentanilo -un analgésico sintético 50 veces más potente que la heroína- es considerado el culpable del aumento de las muertes causadas por drogas.
A un siniestro ritmo anual creciente de más de 100.000 personas muriendo por sobredosis, alcanzando ya los 700.000 fallecidos y todo empezó mucho antes de que los traficantes de droga mexicanos se estén enriqueciendo con su venta masiva.
Por ejemplo, en Williamson (Virginia Occidental) -que tenía unos 3.000 habitantes- se llegaron a vender legalmente en sus farmacias 20 millones de unidades de fentanilo entre 2006 y 2016. La gente llegaba desde cientos de kilómetros de distancia para comprar la droga legal.
Desde entonces su uso y su impacto han crecido exponencialmente. En 2016 el fentanilo estuvo detrás del 62% de las muertes por sobredosis en Washington. En 2022, fue la causa del 96% de las muertes relacionadas con el abuso de drogas. 

En las montañas de Tarija, al sur de Bolivia, la reserva de Tariquía es mucho más que un área protegida; es la última defensa de una comunidad que, en palabras de sus habitantes, «prefiere la dignidad a cualquier precio», escribe Rocio Corrales[1] (IPS) desde Tarija.
Tariquía, creada en 1989 para preservar uno de los ecosistemas más ricos de Bolivia, enfrenta hoy el avance inminente de la industria petrolera, avalada por un gobierno que, bajo el argumento de la crisis energética, insiste en que su explotación es necesaria.
Sin embargo, para quienes habitan este territorio, la llegada de la estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la brasileña Petrobras solo traerá destrucción.
Las comunidades indígenas de Chiquiacá, uno de los cantones clave de Tariquía, se convirtieron en la primera línea de defensa. En una consulta, el 17 de octubre de este año, con 292 votos se opusieron a la presencia de las petroleras, superando a los 182 votos a favor.
«Hemos ganado. Y no vamos a permitir que las petroleras entren aquí. Nos sentimos más unidos que nunca», dice Barbarita Mesa, lideresa defensora de Chiquiacá, quien sostiene que la reserva no debe venderse a cambio de falsas promesas. Ampliar en periodistas-es.com

Este proyecto permite a los ayuntamientos un ahorro en su factura energética y una disminución de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera
La Diputación de Málaga invierte 2,4 millones de euros en instalaciones para el uso de biomasa como calefacción en centros públicos de Ojén y Tolox. Son actuaciones que forman parte del proyecto Bio+a Málaga, que se ejecuta en los municipios de la Sierra de las Nieves. Este sistema de calefacción permitirá que los ayuntamientos ahorren una media de un 65% en su factura energética además de reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera y de aprovechar los residuos forestales de los montes.

Cruz Roja Española ha comenzado las entregas económicas a 20.000 unidades familiares damnificadas por la DANA en Valencia por valor de 22 millones de euros, suma que permitirá llevar ayuda a unas 60.000 personas en coordinación con los municipios afectados y con la Generalitat Valenciana.
Las entregas económicas se realizarán a través de tarjetas bancarias nominales, estarán sujetas a unos criterios de vulnerabilidad determinados y serán expedidas por Caixa Popular, entidad bancaria valenciana que colabora para que Cruz Roja las entregue a las personas afectadas y estas las usen de forma autónoma, priorizando sus necesidades básicas.
La prestación se ofrecerá en una única entrega inicial, en cuyo proceso los equipos de Cruz Roja ofrecerán orientación sobre las ayudas que se han impulsado desde las distintas administraciones públicas y se ofrecerá acompañamiento a quienes lo soliciten para mejorar el acceso a sus derechos.