La inversión de inmuebles en España atrae a muchos extranjeros, por el clima mediterráneo agradable y las múltiples playas por toda su costa, lo que la convierte en un destino muy atractivo para vivir o pasar las vacaciones, esta es la razón de muchos inversores que buscan una segunda residencia o un lugar de retiro.
España tiene una rica historia, una cultura vibrante y un gran patrimonio arquitectónico, podríamos citar como ejemplo, las inversiones en Madrid, Barcelona, Sevilla y muchas más, que ofrecen una mezcla de lo antiguo y lo moderno.
A pesar de las fluctuaciones, el mercado inmobiliario español ha demostrado ser rentable a largo plazo y los inversores ven oportunidades para comprar propiedades, a precios relativamente bajos, para su nivel económico y luego beneficiarse del valor con el tiempo.
Hasta ahora, las Golden Visa permitían a los inversores, obtener una autorización de residencia en España a cambio de una inversión significativa, incluso la doble nacionalidad, esto atrae a todos aquellos que buscan una base en Europa, algo que en estos momentos el Gobierno, las ha revocado.

El precio de la vivienda sigue subiendo de forma disparatada. Se prevé que este año en España suba entre un 4 y un 6%. Hay tres comunidades que encabezan este desgraciado ranking: Madrid, Cataluña y Baleares. Pero este es ya un problema en casi todo el país. En el mes de febrero el precio del alquiler ha subido en la Comunidad Valenciana un 14%, en Asturias y Canarias un 11%, en Galicia y Andalucía casi un 9%, etc.
Según el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza en España, casi la mitad de los trabajadores estamos en riesgo de pobreza. A pesar de tener un trabajo, el salario no cubre las necesidades esenciales. Una de las causas principales de este empobrecimiento tiene un nombre: el precio de la vivienda.

Recortes Cero ha entregado al Defensor del Pueblo y a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados una petición para que se investigue la consistencia de las medidas existentes en la legislación contra la corrupción.
En los próximos días la petición va a ser entregada también en las defensorías autonómicas y en algunos parlamentos autonómicos.
Joanen Cunyat, viceportavoz de Recortes Cero, y Pablo Carretero, de la coordinadora estatal, han hecho acto de entrega esta mañana de una propuesta de reforma del Código Penal para hacer frente a la oleada de los casos de corrupción. Dado que este tema, "lamentablemente", vuelve a colocarse en el centro de la actualidad, desde la organización política consideran urgente tomar medidas, y se han dirigido al Defensor del Pueblo para pedirle amparo y una solicitud de respuesta a las instituciones ante estos "crímenes contra lo público, las instituciones y la ciudadanía". En ella instan al Defensor a mediar para que se abra un proceso de investigación que aborde estructuralmente el problema, "ante la manifiesta incapacidad de las leyes para dar respuesta eficaz ante la lacra de la corrupción", así como al Congreso de los Diputados a estudiar la necesidad de dar "una solución legislativa contundente". Desde Recortes Cero afirman que, aunque los cambios en nuestro sistema legislativo son lentos, "la manifestación de la voluntad por llevarlos adelante es una decisión inmediata, cuestión de voluntad política".

El martes 23 y viernes 26 de abril, la plantilla de esta empresa en Málaga compuesta por casi medio millar de personas irán a la huelga, tras el fracaso en el SERCLA del intento de superar, por tres veces, los motivos que llevan a la conflictividad.
El comité de huelga de CGT ha sido muy paciente intentando buscar vías de entendimiento, de ahí los tres intentos frustrados de mediación ante el SERCLA, pero la soberbia y mala fe demostrada por la representación de la empresa ha impedido alcanzar acuerdos satisfactorios que eviten la conflictividad, fundamentalmente porque cuando se acercaban posturas la empresa modificaba y retrocedía hasta provocar la ruptura de las negociaciones.
CGT es la segunda fuerza sindical en la empresa con cinco miembros en el comité.

Los colectivos consideran un sinsentido haber alimentado artificialmente la superficie esquiable de Sierra Nevada durante esta temporada, mientras se pedía a la población un esfuerzo por ahorrar agua
Andalucía necesita una  transición hídrica justa en la que se acoplen las demandas de agua a la disponibilidad real del recurso, contando con las explotaciones familiares y profesionales y asegurando que se cumplen los caudales ecológicos
Granada, 18 de abril de 2024.- Activistas de diferentes colectivos ecologistas y sociales han intervenido la publicidad de las marquesinas que anuncian la película La sociedad de la nieve en la ciudad de Granada, para denunciar el modelo de explotación de la estación de esquí gestionada por la empresa Cetursa, que depende de la Junta de Andalucía. Los colectivos consideran un sinsentido el uso del agua que ha realizado esta empresa para innivar las pistas a lo largo de esta temporada. De forma paralela, otro grupo de personas de diferentes colectivos sociales y ecologistas han desplegado pancartas en Pradollano, en el Parque Natural de Sierra Nevada, en las que se leían los mensajes "Por un reparto social del agua" y "Sequía = Mala gestión".

La campaña alerta sobre el riesgo de un posible retroceso en derechos humanos en las próximas elecciones europeas, y la necesidad de promover, especialmente entre las personas jóvenes y los y las candidatas al Parlamento Europeo una UE que proteja los derechos humanos para todas las personas sin excepción
La crisis climática, los posibles pasos atrás en derechos para mujeres y personas LGBTI, o el acceso a la vivienda y a la salud son algunos de los temas en los que la campaña pondrá el foco
Madrid/Barcelona.- Amnistía Internacional celebra este fin de semana en Barcelona su 50 Asamblea General Federal, un encuentro donde cerca de 300 socios y socias de la organización debatirán las prioridades para los próximos meses y revisarán el trabajo realizado durante el último año. También elegirán y renovarán diferentes cargos de gobierno de la organización.

Este incremento de plazas de medicina de familia y pediatría, que está autorizado desde 2022, aún no se ha efectuado
La plantilla estructural de facultativos de atención primaria del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce continúa siendo insuficiente en la actualidad para poder atender a una población aproximada de unos 800.000 habitantes censados. Una cifra que sigue una tendencia de fuerte crecimiento, a la que hay que sumar la de los residentes estables no empadronados y flotantes que aumenta en periodos vacacionales. Para hacer frente a las necesidades asistenciales de todo este núcleo poblacional hay que evaluar los recursos de los que se dispone y los que se necesitarían.
Por ello, el Sindicato Médico de Málaga (SMM) realizó en 2022 un análisis de datos de los cupos de facultativos en este distrito sanitario y pudo comprobar que para poder adecuarlos con respecto a lo pactado en el Comité Interterritorial de Salud de 2019 (1.500 pacientes por cada médico de familia y 1.000 pacientes por cada pediatra), era evidente la necesidad de un aumento de la plantilla de profesionales en un mínimo de 34 médicos de familia y 6 pediatras.