"Para que en las noches españolas no dejen de escucharse los hermosos aullidos del lobo" (1)
Hace unos días aparecieron los cadáveres de dos lobos colgados de un cartel en el arranque de una ruta de senderismo en Asturias, cerca de Ponga (2). Algunos despreciables mafiosos decidieron mostrar así su repugnante y totalitaria postura en relación al controvertido asunto de la protección del lobo. La desfachatez con la que actúan estos depravados resulta insultante para una persona normal y desafiante para la autoridad "competente", el Gobierno de Asturias, obligado a hacer cumplir la ley que, desde el año 21, incluye al lobo ibérico en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) quedando desde entonces prohibida su caza en España (3). Sin embargo, la sensación que tenemos muchos es que al Gobierno de Asturias, a pesar de estar liderado por el PSOE (partido que desde el Gobierno Central promovió esta necesaria iniciativa), no le parece tan mal que se sigan matando lobos. Todos los que sea posible (4). Veamos.

Cuando se habla de aumentos porcentuales en las pensiones, se ignora que el impacto no es el mismo para todos. Un 2,8% de una pensión de 1300 euros supone una subida de apenas 36,4 euros del bruto, no del líquido a cobrar, con lo cual el resultado son 21,50 euros de subida, mientras que para quien cobra 2000 euros, el incremento asciende a 56 euros, aplicando las mismos cálculos que anteriormente.
El Gobierno anuncia con bombo y platillo el incremento del 2,8% en las pensiones, pero no explican la trampa oculta: ese porcentaje se aplica sobre el bruto, no sobre el líquido que finalmente llega a los bolsillos de los jubilados. 
Es cierto que durante el gobierno anterior las pensiones subían un mísero 0,25%, una cifra irrisoria, pero ahora debemos de tener en cuenta la inflación y el brutal encarecimiento de la vida, es una manera de intentar tapar la realidad, en ambos casos los pensionistas salen perdiendo, y el resultado es el mismo: la incapacidad de vivir dignamente.

La Diputación de Málaga ha acogido hoy un encuentro de responsables de la Cámara de Cuentas de Andalucía con alcaldes y secretarios de ayuntamientos de la provincia para debatir sobre la rendición de cuentas y buscar fórmulas que permitan incentivar el cumplimiento de esta obligación por parte de las entidades locales.
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha mantenido previamente una reunión junto al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con el presidente de la Cámara, Manuel Alejandro Cardenete.
La fiscalización de la gestión económica y financiera de los fondos públicos es una de las mejores muestras de la necesaria transparencia y buen gobierno de los que debemos hace gala las administraciones públicas. Porque es fundamental la eficiencia y una buena gestión y utilización de los recursos económicos que son de todos.

Casi 500 estudiantes de diez colegios de la provincia recibirán charlas para tomar conciencia de las conductas de riesgo que pueden tener como resultado un accidente
Este año, como novedad, da comienzo el pilotaje de charlas preventivas sobre la adicción al tabaco 
A esta campaña se le suma este año el pilotaje de la inclusión de otra temática de riesgo como es la adicción al tabaco que, “si tiene buena cabida en el programa, se hará en todos los colegios participantes el próximo curso 2026”, según ha anunciado la delegada de Empleo.

Cuenta con 28 socios de España, Grecia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, Chipre, Finlandia y Malta
El ente provincial también aportará el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Provincia, que contempla las acciones de la institución en los próximos años y sirve de base para que los ayuntamientos malagueños diseñen sus propias estrategias
Diputación de Málaga participa en 'NURISH. Fomento de capacidades transformadoras, innovación en soluciones basadas en la naturaleza y resiliencia armoniosa en zonas rurales', un proyecto europeo destinado a paliar los efectos del cambio climático en municipios pequeños y zonas rurales. La Diputación es uno de los 28 socios del proyecto, que pertenecen a nueve países: España, Grecia, Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Italia, Chipre, Finlandia y Malta.