Durante décadas, España presumió de tener uno de los sistemas sanitarios públicos más sólidos y admirados del mundo. Hoy, sin embargo, la realidad es muy distinta, las listas de espera se alargan durante meses, los profesionales se agotan y miles de ciudadanos terminan pagando seguros privados, quién puede, para acceder a la atención que ya financian con impuestos. Lo que muchos viven como un deterioro repentino es, en realidad, la consecuencia de un proceso de erosión lenta que comenzó hace más de quince años.
El punto de inflexión se remonta a la crisis económica de 2008. El Estado, asfixiado por el déficit, aplicó políticas de austeridad que afectaron a todos los servicios públicos, incluida la sanidad. En los últimos años del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los presupuestos sanitarios empezaron a congelarse, se redujeron plantillas y se paralizaron nuevas contrataciones. Fue el inicio de un camino que, poco después, se convertiría en un recorte sistemático.
Con la llegada de Mariano Rajoy en 2011, las tijeras se hundieron hasta lo más hondo. En 2012, el Real Decreto-Ley 16/2012 cambió el modelo sanitario español, se restringió el acceso gratuito a inmigrantes sin papeles, se introdujeron copagos farmacéuticos y se redujeron los presupuestos autonómicos entre un 10 y un 15%. Entre 2010 y 2014 el gasto sanitario público cayó en casi 9.000 millones de euros.
En la mañana de ayer tuvo lugar, en el Palacio de San Telmo, la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, que ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
