Los socialistas advierten de que en Málaga hay 9.000 familias esperando atención y 441 personas han fallecido este año en lista de espera
El PSOE ha exigido al Gobierno de Juanma Moreno que utilice la financiación extraordinaria aprobada por el Gobierno de España para dependencia con el objetivo de acabar con las listas de espera, reducir los tiempos de tramitación, ampliar las prestaciones y mejorar las condiciones laborales de los profesionales del sistema.
El secretario de Políticas de Estado de Bienestar del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha destacado que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 23 de junio el Real Decreto-Ley 17/2026 de fortalecimiento y consolidación del sistema de autonomía y atención a la dependencia, que supone "la mayor aportación del Gobierno de España al sistema de dependencia en nuestro país".

Identifican que la activación del receptor de dopamina D4 potencia su capacidad para aliviar el dolor
Científicos del área de Biología Celular de la Universidad de Málaga han dado un paso más en la búsqueda de una terapia más efectiva para el tratamiento del dolor con un nuevo trabajo en el que se continúa avanzado en el modo de mitigar los efectos adictivos de la morfina -uno de los principales fármacos para ello- y, también, de desarrollo de tolerancia analgésica frente a la misma.
En concreto, han identificado que la activación de un receptor de dopamina, el D4, potencia su efecto analgésico, evitando, además, el desarrollo de tolerancia hacia este medicamento. Los resultados de este trabajo han sido publicados en ‘The Journal of Pain’, una de las principales revistas internacionales en el campo de la Medicina y la Ciencia del dolor. Ampliar en la web de la UMA

Amnistía Internacional pide a los cuatro gobiernos autónomicos cumplir con las recomendaciones del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas a España en 2020 y garantizar una inversión suficiente y adecuada en prestaciones sociales de modo que se asegure el disfrute efectivo de los derechos y se prevengan situaciones de exclusión y vulnerabilidad.
Amnistía Internacional, tras analizar los recientes pactos de gobierno que han firmado el Partido Popular y VOX en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura, pide a los cuatro gobiernos que abandonen su política de prioridad nacional que, en caso de ser implementada, constituiría una violación de derechos humanos y de las obligaciones del Estado reconocidas internacionalmente.
Concretamente podría incumplir, al menos, tres de ellas: la obligación de no discriminar, ni directa ni indirectamente, en el acceso a derechos; la realización progresiva de los derechos económicos, sociales y culturales y no tomar medidas regresivas que empeoren las condiciones de vida de las personas; y la violación del principio del interés superior del menor, especialmente la infancia migrante no acompañada, seguidos frecuentemente de discursos criminalizadores del colectivo.

Los juzgados reconocen que el Consistorio lesionó el derecho de acceso a la información municipal, imprescindible para la labor de control y fiscalización de la oposición
Los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Málaga han condenado al Ayuntamiento de Alameda en tres sentencias por vulnerar los derechos fundamentales de concejales del Grupo Municipal Socialista, al impedirles acceder en plazo a información municipal necesaria para el ejercicio de sus funciones de control y fiscalización.
Las resoluciones judiciales estiman íntegramente los recursos interpuestos por los concejales socialistas, defendidos por el abogado Francisco Javier Conejo Rueda, y declaran lesionado el derecho fundamental de participación política reconocido en el artículo 23 de la Constitución Española.

El Partido Animalista PACMA condena el acuerdo alcanzado entre el Partido Popular y Vox para la investidura de Juanma Moreno al frente de la Junta de Andalucía, un pacto que, para la formación política, lejos de responder a los retos sociales, climáticos y económicos de la comunidad, "incorpora buena parte de las exigencias ideológicas de la extrema derecha y supone un grave retroceso para la protección de los animales, el medio ambiente y los derechos sociales".
El documento de 150 medidas incluye compromisos para reforzar la tauromaquia y la caza como elementos del patrimonio cultural, además de plantear un rechazo explícito a políticas ambientales vinculadas al Pacto Verde Europeo y a la Agenda 2030, abriendo la puerta a una mayor desregulación ambiental.